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PEC

Publicado en Actualidad Económica el 26 de enero de 2004

El fracaso del PEC es un magnífico tema para iniciar una columna sobre segunda opinión que pretende destacar aspectos poco resaltados en la primera inspección que los medios efectúan.

En el caso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) la segunda opinión se convierte en la enésima opinión, pues pocos asuntos económicos recientes habrán recibido más atención que éste, y muy justamente, pues lo merece. Y sin embargo cabe, espero, una pequeña anotación a la diagnosis generalizada que se ha llevado a cabo.

Se han resaltado, en primer lugar, los aspectos jurídico-políticos. Saltarse los procedimientos establecidos por medio de una votación de un Consejo dominado por el eje franco-alemán y con la connivencia de la presidencia de turno (Italia) es algo insólito y un precedente fatal para la construcción europea que nunca hasta ahora había aceptado la razón de la fuerza y que esperemos sea enmendado por el Tribunal de Luxemburgo.

En segundo lugar los académicos han resaltado algunos aspectos importantes que fueron olvidados en su día por los políticos: el pacto era obviamente intertemporalmente inconsistente; no se debería haber fijado sólo en el déficit sino primordialmente en el gasto, incluido el gasto implícito en las deudas futuras, y se debería haber otorgado un tratamiento específico y matizado a la inversión. En tercer lugar la mayoría de los titulares han sido menos analíticos y, de entrada, destacaron que la falta de un acuerdo final estable haría sufrir al euro y el Banco Central Europeo vería dificultada su tarea dada la estricta relación existente entre la política monetaria y la fiscal. Y sin embargo el euro ha subido a máximos históricos y Standard and Poor’s ha anunciado la revisión del rating crediticio de la deuda, no de Francia o Alemania, sino de los países defensores del pacto que fueron vencidos en la votación del Consejo de la UE ¿Qué está pasando?

Una segunda opinión sobre la ruptura del pacto y de sus consecuencias subrayaría varios extremos. En primer lugar hay que reconocer que nunca ha estado claro que, cuando ya hay una política monetaria independiente con objetivos anti-inflacionarios explícitos, deba existir una política fiscal inflexible y ello a pesar de la obvia relación entre ambas políticas. La competencia fiscal no es mala per se. Y esto vale para un Estado federal como para los estados de una confederación, para un Estado autonómico como el español y para una unión de estados como la UE. Y no lo es porque rebaja la presión fiscal destapando muchas fuerzas creadoras de riqueza y porque sirve para que cada país se adapte al momento cíclico que vive. Por estas razones pienso que habría que resistir el tratamiento que ha sido recomendado de primeras y que consiste en la creación de una Agencia Fiscal con una independencia tan inexpugnable como la de un Banco Central. Un juego entre estos dos agentes económicos puede acabar muy lejos del par óptimo de inflación y crecimiento.

En segundo lugar, hay que reconocer que la intención de Standard and Poor’s no es desacertada. Los mercados acabarán expresando que, en el futuro (al que responden los mercados), los países hoy heterodoxos tienen una mayor oportunidad de liberar las fuerzas creadoras de riqueza, mediante las muchas reformas estructurales pendientes, que los hoy ortodoxos que, como España, han agotado las pocas reformas estructurales que podían hacer dada la debilidad de sus sistemas de protección social y de bienestar.

Finalmente el euro. Más allá de los déficits americanos, los mercados se han dado cuenta de que el nuevo presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, no va a desaprovechar la ocasión de ganarse una reputación todavía no conseguida del todo, a pesar de los esfuerzos de Win Duissemberg, que se resistió a bajar tipos. Para ello, y ante la amenaza de la ruptura de la disciplina fiscal, Trichet tampoco los bajará aunque debiera. Yo apostaría por ello y compraría euros porque, además, Trichet se verá ahora menos presionado dentro del BCE una vez que cada país ha recuperado la soberanía fiscal, por lo menos hasta que falle el Tribunal.

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