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¿Némesis Regulatoria?

En 1982 o 1983 el primer Gobierno Socialista expropió Rumasa. En la Facultad de económicas de la Universidad del País Vasco se organizó una mesa redonda a la que fui invitado por los estudiantes. Ante una situación en la que, aparentemente, sólo había un incumplimiento de unas “pastorales” del Banco de España por parte de los bancos del grupo, se reaccionaba por parte del Vicepresidente económico, Miguel Boyer, con una contundencia que yo no quería ni podía entender debido a mi radicalidad ortodoxa.

En mi opinión de aquella época un incumplimiento, por grave que fuera, de una pieza no legislativa no podía justificar la expropiación de todo un grupo no financiero; sino, como mucho, la intervención temporal de algunas de sus partes declarando por ejemplo su suspensión de pagos, o su bancarrota, según correspondiera, y conduciendo el asunto por vías conocidas y no por la extraordinaria de la expropiación.

Hoy pienso que era fácil en aquella época y a una edad relativamente juvenil decir lo que dije; pero ya por entonces yo no hubiera querido estar en la piel de Boyer; pues es difícil estar seguro de cómo reaccionar cuando hay peligro de estampida.

Aunque 25 años me han hecho todavía más prudente, sigo sintiendo a veces la juvenil tentación de comportarme, como un “enfant terrible“. Y este asunto de Afinsa y del Forum Filatélico es una de esas veces. Ante noticias periodísticas incoherentes, ante declaraciones políticas poco firmes y posiblemente electoralistas y ante la posibles ramificaciones de estos grupos inversores en bienes tangibles, apetece realmente decir que todo está mal y que, en el fondo, son las propias autoridades, sean reguladoras, fiscales o judiciales las que han cocinado este lío que ya no tiene salida. Pero hasta los “enfants terribles“, y especialmente si ya no son tan jóvenes, tienen que argumentar sus posturas.

Empezaré por hacer notar que nadie se ha metido con el auditor seriamente pues lo que ha dicho el diario El Mundo a este respecto, tratando de involucrar a un ex colaborador de Miguel Sebastián, parece más la aplicación rigurosa de las “cláusulas de estilo” que un verdadero trabajo de investigación de los que se enorgullece este diario. A pesar de que parece ser que éste o su padre han sido llamados a declarar como imputados, me sigue pareciendo extraño el cuasi-total silencio mediático respecto al auditor. Y esto me hace pensar que no había problemas patrimoniales. ¿Habría problemas de tesorería? Me cuentan que tampoco y la fuente me parece digna de confianza.

En consecuencia no parece que los ahorradores que habían decidido colocar sus excedentes en un “repo” de sellos, estuvieran en peligro de perderlos, a pesar de que ya todos parecemos haber dado por hecho que estamos en presencia de un timo piramidal de la más recia raigambre.

Parece ser sin embargo que la Agencia Tributaria encuentra ahora (y había encontrado hace años) indicios de delitos fiscales que son los que ellos investigan. Si esto fuera todo no parecería que el asunto sea tan grave. Se impone la multa que corresponda y se acabó o alguien paga por el delito fiscal pertinente. Pero, por lo visto, el presunto delito fiscal no debía ser lo único que había ya que la Agencia Tributaria pasa el expediente a la Fiscalía Anticorrupción que, en su momento, lo traslada a la Audiencia Nacional donde dos jueces de instrucción -uno por cada compañía- parecen pensar que hay indicios de estafa.

Pues bien, a mi juicio esta presunta estafa no puede consistir en llevar a cabo un procedimiento tramposo como el que se ha insinuado. Se dice que cada una de estas compañías habría vendido sellos a los inversores a un precio mayor que el de mercado, o incluso que los sellos eran falsos, pero ambas posibilidades me parecen poco plausibles porque las compañías se comprometían a devolver una cantidad mayor y/o a abonar unos intereses muy altos. Claro que es posible que fueran estas mismas compañías las que hubieran decidido dar un pelotazo fraudulento y terminar el negocio llevándose a casa la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Pero no sé a qué lugar podrían haber huído porque hasta el Amazonas está ya muy lleno.

En cualquier caso, si ese fuera el fondo del asunto no se entiende que haya durado tanto tiempo. Es más plausible pensar que sabían comprar bien y que las revalorizaciones eran suficientes para cumplir con los compromisos. ¿En dónde esta la estafa? No falta quien, con buen ojo, insinúa que estas dos compañías de inversión en activos tangibles controlaban el mercado del subyacente, es decir el mercado de sellos, y que, por lo tanto, podían fijar el precio. De ser cierto, este extremo sería una cuestión para el responsable de la política de la competencia y, en todo caso, redundaría en una mayor seguridad para los inversores. Repito pues ¿dónde está la estafa?.

Aunque yo no lo entienda, tengo que seguir pensando que algo encontrarían los jueces instructores más allá del delito fiscal y que pensaron que debían investigarlo. ¿Cómo investigarlo sin que se produzca una estampida, dirigida a adelantar la recompra de los sellos a la que se habían comprometido las compañías y peligrosamente similar a esas estampidas bancarias que ocurren cuando los depositantes quieren retirar la totalidad de sus depósitos?

El riesgo de estampida no existe si no hay posibilidades legales de anticipar la devolución de lo invertido o si, aún habiéndolas, hay posibilidades de atender a esas devoluciones de manera ordenada, tal como ocurría en el caso de los descodificadores de Canal Plus que, de todas formas, estuvieron a punto de dar con los huesos de algunos en la cárcel; aunque la cuestión se enderezó a tiempo. El riesgo de estampida surge cuando sí que existe la posibilidad legal de adelantar las devoluciones y, al mismo tiempo, no hay patrimonio suficiente.

Como parece ser que esto último no era el caso aunque ya se ha dictaminado mediáticamente que lo era, debo entender que el problema de estampida no existía. En consecuencia no puedo atribuir imprudencia a la Justicia aunque sigo sin entender cual es el delito cuyos indicios detectaron gracias a la información de la Agencia Tributaria. Y no me hablen de quiebra fraudulenta porque que se sepa nadie ha mencionado la quiebra.

Pero si estas son las circunstancias del caso que nos ocupa y las mismas que rodean a cualquier negocio de este tipo ¿por qué habría que regular estas actividades desarrollando el decreto ley que las define y permite? Para protección del incauto inversor se me dirá; pero ni éste es tan incauto ni hay razón a priori para pensar que el patrimonio acumulado por las compañías vaya a ser insuficiente. Porque es un negocio propiamente financiero se me añadirá; pero esto no me parece evidente aunque se trate de un “repo” pues hay muchas cosas que son así (“compre, compare y si no está de acuerdo le devolvemos su dinero“) y no caen bajo la supervisión financiera.

Sin embargo los pasados gobiernos se han apresurado a echarse los trastos a la cabeza por no haberlo hecho y todos culpan a las CC.AA. a pesar de que, en general, se recela de ellas y no se les permite regular ciertas cosas delicadas. Por lo tanto no tengo más remedio que preguntarme porqué tanto ruido si no hace falta la regulación o, por lo menos, no hacía falta en estos dos casos que no tienen problemas de tesorería según se me cuenta en fuentes con toda seguridad bien informadas.

O sea que, según los datos de mayor o menor calidad que poseo, no ha podido pasar lo que está pasando. Como mi vocación de “enfant terrible” es limitada, tengo que reconocer que pasa lo que está pasando y que, en consecuencia, debo pensar que alguna de mis informaciones es incorrecta. Pero ¿cual de ellas?

Todas las posibilidades me llevan a ninguna parte. Si fuese cierto que había problemas patrimoniales y que estamos ante un esquema de Ponzi tradicional, ¿por qué la justicia ha tardado tanto en dirigirse al auditor y por qué cuando los medios más sagaces sólo lo han mencionado con intenciones no propiamente esclarecedoras? Claro que si, a pesar de todo, los hubiera, ¿por qué no se actúa desde hace tantos años cuando ahora nos dicen que ya hace tiempo se detectaron problemas por la inspección fiscal? Quizá porque tenían miedo a la estampida que, a falta de regulación o de una especie de garantía pública, podría darse. Pero si esto era así ¿porqué no se reguló mejor en ese momento?

Son demasiados interrogantes para mí. Así como hace 25 años no entendí la expropiación de Rumasa por incumplimiento de recomendaciones del regulador, hoy no entiendo nada de lo que está pasando. Espero que alguien me lo explique o irme aclarando poco a poco. Sobre todo para quitarme de la cabeza la posibilidad de que estemos ante un ejemplo de némesis regulatoria en el que las cosas se rompen por la acción simultánea y bienintencionada de los propios reguladores. A estas alturas solo nos queda atender a esta posibilidad y tratar de conseguir una mayor asepsia en este mundo de la salud económica.

Y mientras tanto hay personas presuntamente inocentes que están en la cárcel porque han cometido, presuntamente, un delito de estafa que, a pesar de que se ha levantado, creo, el secreto del sumario, nadie me explica satisfactoriamente en qué consiste.

«¿Némesis Regulatoria?» recibió 0 desde que se publicó el Jueves 8 de Junio de 2006 . Si te ha gustado este post quizá te gusten otros posts escritos por Juan Urrutia.

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