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A propósito de Schmitt

Publicado en Expansión, noviembre de 2004

El conservadurismo americano se ha configurado, especialmente a partir del 11-S, como una referencia inevitable en la discusión política general y me atrevo a augurar que ahí seguirá durante bastante tiempo, a pesar de que algunos quieran ver en el fracaso de la guerra de Irak la decadencia de su específica versión neo-con. Esta última referencia, en efecto, conservará su vigencia más allá de las elecciones americanas de hoy y más allá de las discusiones sobre el vínculo transatlántico, como un asunto central para la convivencia normal en sociedades desarrolladas a un lado y otro del Atlántico.

Esta referencia neo-con tiene un protagonista central en Leo Strauss. En un trabajo sobre él en el volumen 5 de la Historia de la Teoría Política, Fernando Vallespín afirma que la finalidad del judío Strauss era combatir la opción integracionista de un importante sector de la intelligentsia judía haciendo referencia a Carl Schmitt, pero proponiendo otra salida: aquella favorecida por Maimónides con su peculiar reconciliación de filosofía y tradición.

Que la tradición americana es la que debe organizar la convivencia más allá de nefastas influencias europeas de carácter nihilista, y que éstas están a punto de enervar la fuerza creativa de aquella es el grito de alarma que lanza Alan Bloom en Closing of the American Mind. Pero esta tradición americana está cruzada por dos influencias bien reflejadas en el decisionismo de Carl Schmitt para quién, según dice Gómez Orfanel en la Historia citada, la dictadura sería decisión concreta en contraste con el liberalismo (romántico) de la burguesía que no se decide por la lucha y se comporta como una “clase discutidora” que traslada la actividad política a la discusión en la prensa y el Parlamento.

No es de extrañar que Schmitt comenzara su Teología Política con las siguientes famosas palabras: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Que el 11S pueda ser tomado como tal estado de excepción, ha hecho que la pobre tradición liberal quede ahogada por el neoconservadurismo de origen Schmittiano para el que, como hemos visto, la soberanía es la que justifica el uso de la fuerza (la dictadura) cuando hay un conflicto excepcional.

Lo que pretendo a continuación es armar un argumento de tipo económico para atacar la hegemonía actual (al menos aparente) de la influencia Schmittiana y defender ese liberalismo inoperante, incapaz de decidir y discutidor. El punto de partida es la pregunta crucial sobre quién puede usar la fuerza cuando las pautas de conducta normales en una sociedad no operan en un ámbito, como por ejemplo el terrorismo internacional, que es conflictivo y no está previsto. Para contestarla usaré un argumento propio de la literatura sobre contratos incompletos que me permitirá entender por analogía el papel de la soberanía en el estado de excepción y poder determinar quién debe ser titular de tal soberanía.

Una comunidad prepolítica, en efecto, no es sino una haz de contratos; pero en ninguno de los componentes de ese haz se pueden tener en cuenta todas las contingencias posibles. Pues bien, tal como explica O. Hart (Firms, Contracts and Financial Structure, Oxford University Press, 1996), en esas condiciones de incompletitud de los contratos, lo importante desde el punto de vista de la eficiencia es quién tiene los derechos residuales, es decir, quién tiene el poder de decisión cuando llega una circunstancia no prevista entre ellos.

Pensemos en una comunidad premoderna y digamos que el contrato central para la formación y desarrollo de esa comunidad se firma entre el señor y una clase especial de agente privado, que denominaré el pueblo, y que ese contrato consiste en especificar ex ante las aportaciones complementarias de uno y otro al entramado de la convivencia. El señor pone las armas (el capital) que no valora en sí mismas y el pueblo, que sí valora las armas en sí mismas por la capacidad liberadora, pone su carne de cañón (trabajo), es decir, su capacidad de usar esas armas.

Si este contrato fuera completo estaríamos en presencia del problema de identificar el óptimo de primer rango, la soberanía sería irrelevante para la eficiencia y no habría problema de incentivos. En un contrato completo, en efecto, no hay problema de incentivos porque el criterio obvio para decidir las respectivas inversiones complementarias es la maximización del beneficio conjunto. Y este es el criterio obvio, porque el reparto posterior de este beneficio está especificado perfectamente. Cual sea esta especificación, es decir de quién sean los beneficios, influye en la distribución entre capital y trabajo, o entre el señor y el pueblo en nuestro caso, pero no en la eficiencia. Ahora bien parece evidente que un contrato como el presentado no puede ser un contrato completo, por lo que habrá muchas circunstancias en las que es imposible verificar si se están cumpliendo los pactos establecidos ex ante.

Es evidente que cuando este contrato es incompleto el reparto del beneficio conjunto no puede estar especificado perfectamente en toda contingencia y, en consecuencia, el óptimo de primer rango no es alcanzable. El óptimo de segundo orden dependerá ahora de los incentivos. Pues bien, ahora sí que la soberanía es esencial para los incentivos (y por lo tanto para alcanzar el óptimo de segundo orden) pues determina quién tiene el derecho a forzar la continuidad del proyecto de vida en común, hecho posible por la presencia de las armas, en el caso de que surja una desavenencia entre el señor y el pueblo no tenida previamente en cuenta.

Pensemos en primer lugar que el señor y el pueblo van a producir conjuntamente un bien privado como, por ejemplo, cereales cultivados por el pueblo y protegidos de su posible depredación por el señor. Supongamos que la soberanía se asigna al pueblo. En este caso es evidente que el señor no tiene incentivo a aportar un arsenal poderoso pues se va a quedar con él sin poder utilizarlo si el soberano decide no continuar cultivando. Supongamos por el contrario que la soberanía pertenece al señor. En este caso este señor tiene un incentivo claro a invertir más en armas pues, si hay desavenencias, él puede imponer la continuación del cultivo. Es decir, cuando se produce un bien privado a través de un contrato incompleto, la propiedad ha de ser de quién aporta las armas, es decir de quién aporta lo que los economistas llaman capital. Este sería el argumento para defender que la soberanía se asignara al señor que se convertiría así en el Estado con su fuerza coactiva y decisoria.

Hasta aquí no he hecho sino traducir a Hart desde el lenguaje de la propiedad al de la soberanía de forma que resalte una convicción Schmittiana: que la soberanía está en la fuerza. Pero pensemos ahora que entre las armas del señor y la carne de cañón del pueblo van a producir un bien público que llamamos seguridad colectiva. La situación es ahora bien distinta. Supongamos que la soberanía perteneciera al señor y que éste hubiera decidido hacer una inversión muy grande en arsenal bélico. En este caso, si el acuerdo se rompe ante una contingencia no prevista hay dos posibilidades: que el señor decida interrumpir el proyecto en seguridad colectiva o que decida continuarlo. En la primera eventualidad ha malgastado una gran inversión, en la segunda, el rendimiento se lo lleva el pueblo que es quién se beneficia de la seguridad colectiva, luego cabe pensar que el señor no tiene incentivos a hacer una gran inversión en armas.

Supongamos ahora que la soberanía fuera del pueblo y que el señor ha decidido hacer una inversión muy grande. Si el acuerdo se rompiera, al pueblo le compensa seguir en el proyecto aunque tenga que ceder parte del excedente al señor porque él, el pueblo, valora mucho el arsenal que le proporciona la seguridad colectiva. En consecuencia, el señor tiene incentivos a construir un arsenal bélico importante. Diríamos que, en este caso, la soberanía pertenece al pueblo, que el Estado no nace como tal, y que algo como el Estado es empleado a un precio por el pueblo para aportar la coacción al proyecto de defensa colectiva.

Llegado a este punto debería estar claro que en este segundo caso, que no es sino la adaptación a nuestro problema de teología política de un trabajo de Besley y Ghatak (Government versus Private Ownership of Public Goods, CEPR, nº 2725, 2001), el pueblo tiene la soberanía y decide el uso de la fuerza en caso de estado de excepción. Nada de esto tiene que ver con la teología, ni con la lectura del mundo como dividido entre el bien y el mal característica del movimiento neo-con. Se trata del reparto del poder en una situación compleja de una forma que es self-enforcing, que se impone por sí misma, porque consigue el óptimo de segundo orden cuando no se puede conseguir el óptimo de primer orden.

El problema con la concepción neoconservadora de presunta raíz Schmittiana es que no parecen entender o parecen querer olvidar que el óptimo de primer orden no es alcanzable. Para plantarles cara en defensa del liberalismo basta pues con hacerles ver que ni ellos ni nadie puede diseñar un contrato completo para organizar la convivencia. Este reconocimiento es el que subyace, en efecto, en el planteamiento de los liberales pragmatistas americanos que lejos de imaginarse y desear el final de la Historia, prefieren y tratan de practicar un continuo negociar y renegociar contratos explícitos o implícitos entre distintas instancias de la ciudadanía que se sabe soberana.

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