Economía en Porciones
Si la universidad cotizara en bolsa...
Juan Urrutia. Presidente del Consejo Editorial de Expansión
Aurelia Modrego. Profesora de la Universidad Carlos III
Aunque el mercado de valores no es la solución a todos los problemas, los
autores de este artículo se plantean como ejercicio de reflexión qué pasaría si
la universidad cotizara en bolsa. A priori, parece que respondería mejor a las
necesidades del mercado.
Comencemos por recordar las propiedades principales de un mercado de
valores:
- Facilita la canalización del ahorro a sus usos más productivos:
eficiencia.
- Toda la información que de forma dispersa poseen los inversores sobre una
empresa se refleja agregadamente en su cotización: eficiencia
informacional.
- La cotización refleja no sólo los resultados, sino también las expectativas
basadas en la calidad de la tecnología y del conocimiento poseído por sus
trabajadores y por sus directivos: valoración.
Estas propiedades, sin embargo, no evitan la existencia de dificultades.
Puede
haber efectos externos, las expectativas pueden generar burbujas especulativas y
la información privilegiada puede discriminar en contra de los pequeños
accionistas. Lo interesante es recordar que se han desarrollado instituciones y
procedimientos para paliar estos problemas como, por ejemplo, las agencias de
rating, las sociedades de análisis financieros, la penalización del uso de
información privilegiada, la exigencia o sugerencia de consejos independientes o
la posibilidad legal de las OPAs.
Veamos ahora cómo estas propiedades y estas instituciones sirven para
detectar y
analizar los problemas básicos de la universidad española. Si la universidad
cotizara en bolsa:
La forma de allegar recursos sería diferente de la actual y podría dar como
resultado una mayor cuantía de los mismos. Una universidad bien concebida,
diseñada y gestionada es una fuente generadora de productos y servicios de alto
valor añadido que, convenientemente comercializados, podrían ser apreciados por
el mercado. Una universidad así podría pasar de ser un sumidero de recursos
públicos, cuyo gasto está pobremente controlado, a ser una fuente de recursos,
resultado de la venta de esos productos y servicios que, a su vez, podrían
contribuir a allegar los capitales necesarios para su propio desarrollo a través
del mercado de valores.
La evaluación de cada una vendría dada automáticamente por su cotización y
sería conocida públicamente. Es más, los analistas se encargarían de escudriñar
en la estructura interna de cada una - calidad del profesorado, de los equipos y
de los estudiantes, planes estratégicos y forma de gobierno -, a fin de detectar
posibles valores ocultos que recomendarían la compra del correspondiente
valor.
La investigación quedaría más claramente definida y argüimos que potenciada.
Este es un punto delicado pues estamos acostumbrados a pensar que lo que se
entiende como investigación básica tiene naturaleza de bien público que, como
tal, no puede ser proporcionado eficientemente por la iniciativa privada y que,
aunque pudiera, no sería abordado por ésta dada la profunda incertidumbre de sus
resultados. Sin embargo, hoy empezamos a entender que algunos bienes públicos
pueden ser provistos por empresas reguladas convenientemente, y también sabemos,
desde hace tiempo, que empresas muy grandes y diversificadas, o asociaciones
empresariales, pueden abordar la investigación básica a pesar de la
incertidumbre de los resultados de ésta.
En estas condiciones, no parece descabellado imaginar que una universidad que
cotizara potenciaría esta investigación básica de manera discriminada. La
potenciaría porque se daría cuenta de su importancia para generar nuevas ideas y
para implantar una actitud de búsqueda, cosas éstas que el mercado aprecia y que
se reflejarían en la cotización. Pero, es verdad que la potenciaría
discriminadamente porque muchos trabajos y proyectos que hoy pasan por
investigación básica, y que no reúnen las condiciones adecuadas, dejarían de
estar apoyadas.
Si esta discriminación en la investigación básica es buena o mala nos parece
una
cuestión imposible de zanjar a priori. Sin embargo, puede ser muy buena en la
investigación aplicada. En cuestión de desarrollo e innovación, se privilegiaría
la capacidad de resolver problemas, que es lo que realmente aumenta la base de
conocimientos y es fuente de generación de nuevas ideas conducentes a la
realización de cambios. Cambios que son necesarios y convenientes, porque ayudan
a crear estructuras mentales de aprendizaje que permiten la absorción de
innovaciones y que, desgraciadamente, son a menudo imposibles porque rompen
intereses corporativos justificados torticeramente como requisitos para la
transmisión de los valores eternos.
- La endogamia desaparecería. En efecto, los investigadores podrían ser
contratados y remunerados de manera diferencial, de acuerdo con su capital
humano y con su potencialidad, y desaparecerían muchas prácticas viciosas. ¿Se
imaginan en este contexto a una universidad fichando para el resto de sus días
al amigo del amigo, sin ninguna capacidad de contribuir a su desarrollo mientras
pierde a sus mejores profesores, alumnos o gestores? Parece claro que en estas
condiciones, la endogamia es inconcebible y, además, sería inmediatamente
detectada y penalizada por el mercado de valores.
- Las dificultades para su gobierno empezarían a desvanecerse. En efecto, si
este gobierno fuera como hasta ahora, surgiría un conflicto inmediato con los
pequeños accionistas, ya que muchos beneficios potenciales se capturan
internamente. Para disolver este conflicto de intereses, caben dos soluciones
que pueden funcionar simultáneamente. Un grupo gestor de una universidad siempre
podría hacer una OPA sobre otra que tiene bloqueada la creación de valor para
sus accionistas por problemas de corporativismo interno. Esta amenaza o su
ejercicio hace que, de hecho, se apoye lo que se llama la creación de valor.
Pero, es que, además, simultáneamente, las universidades podrían estar
administradas por un Consejo de Administración estándar, con consejeros internos
y externos, independientes y dominicales. Esto es compatible con casi todas las
propuestas de reforma de gobierno de la universidad, aunque choca con algunas
interpretaciones de la autonomía universitaria.
Con el repaso de estos cinco problemas básicos creemos haber cumplido con
nuestra finalidad de provocar la reflexión radical sobre la Universidad. Para
terminar advertimos a quienes nos leen con el dedo en el gatillo que el Estado
podría ser un socio dominical y reservarse una participación importante en el
Consejo, de forma que pudiera velar por la correcta ejecución del servicio
público. Sólo nos queda añadir que si, a través de la cotización en bolsa,
pudiéramos conseguir que las universidades dejaran de ser tratadas con una
trascendencia que está fuera del tiempo, habríamos conseguido algo muy
importante, ya que esa pretendida trascendencia suele ser, en muchas ocasiones,
coartada de intereses poco claros.
Juan Urrutia
