Economía en Porciones
La subasta alemana para la concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación (denominada UMTS:Universal Mobile Telecommunications System) ha finalizado hace unos pocos días. Se han concedido licencias por un importe total superior a los 8 billones de pesetas batiendo así el récord establecido previamente por la subasta inglesa que acabó recaudando para el gobierno del Reino Unido 6,5 billones de pesetas.
La amplia cobertura mediática de estas subastas y la revitalización de la oposición política en España auguran, para la vuelta de vacaciones, una buena batalla dialéctica centrada en la abismal diferencia entre esas cifras y los 80.000 millones de pesetas allegadas por el erario público en el concurso español fallado días antes de las últimas elecciones generales.Porque ya se empiezan a oír muchas voces críticas al respecto quizá merezca la pena añadir algunos comentarios y una sugerencia a lo que ya dije en Expansión.
En aquel momento presentaba un argumento estilizado que pretendía hacer ver que, dado que los contendientes eran más o menos los mismos en todos los países europeos, la única solución razonable era que se instrumentara una subasta en cada uno de ellos. El argumento, muy resumidamente, era el siguiente.
El país que, como España, armara un concurso esperando que el reducido coste de la licencia se viera compensado por una mayor inversión en infraestructuras que permitiera rebajar las tarifas, se vería frustrado pues esa presunta inversión no acabaría siendo realidad debido a los enormes desembolsos que las empresas licitadoras deberían efectuar en las subastas subsiguientes. Este argumento, aunque muy abstracto y general, se ha visto tristemente refrendado por los hechos.Por un lado ni siquiera Francia, que defendía el sistema de concurso, lo va a aplicar en su pureza sino que ya ha introducido elementos de subasta. Por otro lado el caso de Telefónica-Sonera refuerza el argumento. Estas dos empresas no sólo han pujado muy alto por una licencia en Alemania, sino que, además, tienen que endeudarse en un billón adicional para financiar las inversiones en infraestructuras necesarias para competir con otras empresas - como Vodafone o D.T.- ya presentes en ese país.
Parece evidente que el gobierno anterior se confundió. Sin paliativos. Y aún peor; el argumento que hoy se esgrime en favor de aquella decisión errónea demuestra, creo yo, una cierta ignorancia. Esto, ignorancia, es pensar que un menor precio final por la licencia permite una política tarifaria más favorable para el consumidor. Lo que se paga por la licencia es un coste hundido que no tiene efecto ninguno sobre el precio que se cargaría en un mercado competitivo o sobre la tarifa que el regulador debería imponer. Tampoco serían de recibo otros argumentos que podrían utilizarse.
El gobierno podía, en efecto, hacer uso de la maldición del ganador, un fenómeno irracional pero observado que lleva a los licitadores a ofrecer por el objeto subastado más dinero que el que equivaldría a su valoración subjetiva. Esto puede haber pasado en Alemania pero parece claro que quien debe preocuparse por ello son los accionistas de las empresas licitadoras, no el gobierno. También podría refugiarse el gobierno en la posibilidad teórica de que, en ciertas circunstancias, la solución entre licitadores rompa la eficiencia de la subasta que, como método de asignación de recursos, otorga un objeto a quien más lo valora. El último round de la subasta alemana ha demostrado claramente que esa posibilidad teórica no ha ocurrido en este caso.
Que el Gobierno español cometiera un error no implica que los argumentos que la oposición empieza a pergeñar sean correctos. Si lo que la oposición pretende es que el concurso se anule y que se abra una subasta, está equivocada. Y si el Gobierno aceptara esta pretensión errónea cometería un segundo error tan grande como el primero pues ese cambio de estrategia representaría una violación tan flagrante de la seguridad jurídica que acabaría destruyendo la reputación de seriedad que ha empezado a atesorar y dificultaría futuras transacciones del Reino de España.Si lo que la oposición pretende es únicamente aumentar el canon sobre ingresos admitido en el concurso, el efecto sobre la reputación será menor pero también lo sería el efecto sobre la recaudación.
Lo mejor sería reconocer el error y dejar las cosas como están. Pero como los gobiernos son los únicos animales que tropiezan tres veces en la misma piedra, es posible que el gobierno actual, llevado por avidez recaudatoria, cometa un segundo error anulando el concurso, montando una nueva subasta e incluso que, ya metidos en harina, cometa un tercer error relacionado con el destino que se dé a la recaudación adicional que esa nueva subasta pudiera allegar (digamos que 4 billones).
Es difícil imaginar que el gobierno propusiera rebajar impuestos pues una propuesta así delataría falta de fe en un programa de rebaja de impuestos que afirma poder llevar a cabo sin ingresos adicionales caídos del cielo.Lo que probablemente haría el gobierno sería reducir deuda. El argumento para sostener una práctica así no sería sin embargo que, en su día, no cumplíamos el correspondiente criterio de Maastricht puesto que esta exigencia se obvió correctamente.
El buen argumento que el gobierno podría utilizar es doble. Por un lado el servicio de la deuda se reduciría haciendo así más alcanzable el obsesivo déficit cero. Por otro lado, la amortización de deuda mejora las oportunidades económicas de las generaciones jóvenes.La principal parte de este buen argumento no parece cuantitativamente importante; pero la segunda parte sí que es relevante puesto que la equidad intergeneracional debe ser tenida en cuenta por cualquier gobierno moderno.
¿En dónde está el tercer error del Gobierno? Pues en que hay maneras de aliviar las cargas económicas de nuestros nietos (que bastante tienen con pagarnos las pensiones) que producen efectos similares y más duraderos que la amortización de deuda. De entre las posibles alternativas yo me atrevo a sugerir una concreta: dedicar la eventual recaudación de una nueva subasta (que no deberá efectuarse) a sanear y relanzar el sistema de ciencia y tecnología. El impacto sobre el crecimiento de este entramado de instituciones, investigadores y gestores es enorme por lo que revitalizado ayudará a las nuevas generaciones a pagar la deuda además de las pensiones. Sin embargo, estamos desaprovechando su impacto por la existencia de unos gastos no productivos excesivos que podrían ser eliminados.Hay muchos investigadores que sobran por obsoletos y que estarían encantados de acogerse a un programa de prejubilaciones bien diseñado. Y también existen no pocos grupos de investigación de magnífico nivel cuya productividad científica aumentaría significativamente si se les dejara liberarse soltando las amarras que les unen a un sector público mal organizado.
Utilizar 4 billones de pesetas en un programa de saneamiento científico se me antoja una buena inversión simplemente porque un buen sistema de ciencia y tecnología sería la mejor forma de devolver a las generaciones venideras el poder de compra que les hemos arrebatado al endeudarnos excesivamente en el presente.
