Economía en Porciones
No me siento muy cómodo volviendo una y otra vez sobre el asunto de las licencias de móviles de tercera generación (UMTS). Mi única justificación posible es que el tema es a la vez interesante e importante -una coincidencia que no siempre se da- y que el debate público parece haber levantado el vuelo. Por ambas razones quizá merezca la pena contribuir a mantener el tema abierto a la discusión.
Mi manera de hacerlo es la menos agradecida de las posibles pues voy a tratar de destacar, sin mencionar nombres, aquellos argumentos que han sido utilizados en el debate -por unos y otros en uno u otro medio- y que, sin embargo y a mi juicio, no parecen demasiado afortunados. No se trata de zanjar la discusión sino, a lo más, de redireccionarla hacia perspectivas complementarias que han sido destacadas o insinuadas por otros.
Un primer frente interesante está constituido por la comparación genérica entre concursos y subastas. En el contexto de este frente nos encontramos, por empezar, con una crítica descalificatoria de las subastas (de lo público) como asociadas a una concepción patrimonialista de lo público propia de épocas premodernas. El espacio radioeléctrico no es propiedad privada del soberano que puede utilizarlo en su propio beneficio; es, más bien, propiedad estatal administrada por un gobierno que debe efectuarla en beneficio de toda la ciudadanía. Esta concepción correcta de lo público no lleva aparejada, sin embargo,, una decisión definitiva sobre la mejor forma de gestionarlo, ni supone que la más cara es la peor o viceversa.
Tampoco parece razonable empeñarse, dentro de este primer frente problemático, en una defensa cerrada del concurso sobre la subasta. Esta última otorga el bien a quien más lo valora; el concurso puede ser menos objetivo y entrar en ulteriores apreciaciones subjetivas sobre otros méritos de los concursantes a fin de afinar más en la asignación del bien de que se trate (licencias en nuestro caso). Argüir que esto último es siempre mejor, o que lo es en situaciones complicadas, no parece del todo correcto. De no depender de las circunstancias la comparación que nos atañe se inclinaría, creo yo, por la subasta pues esta puede tener en cuenta, si quiere de forma implícita, toda la información detallada poseída por los licitadores, de una forma más completa y eficaz que el propio regulador.
En este contexto lo que se podría admitir es que la comparación depende de las circunstancias. Pero es precisamente la consideración de las circunstancias la que arroja dudas sobre la factibilidad de ese deseo bien intencionado que hubiera preferido un concurso generalizado, organizado con neutralidad por cada administración nacional y con un pago moderado por cada licencia. En efecto, aún suponiendo la exquisita neutralidad de cada administración nacional, las circunstancias determinantes eran que las decisiones eran tomas secuencialmente por administsraciones independientes y que los licitadores eran en buena medida los mismos en los distintos países. En estas circunstancias las inversiones prometidas por la compañía XX en España tenderán a reducirse a medida que XX aumente lo que paga en Alemania. No cabe pues que España monte un concurso sabiendo que Alemania va a montar una subasta precisamente porque a las compañías les queda mucho dinero debido a que España no se lo ha extraído. El equilibrio de una interación social de esta naturaleza no puede ser el concurso generalizado sino la subasta generalizada. Como en el dilema del prisionero la solución no es óptima pero es la solución.
Hasta aquí el primer frente de discusión. Pasemos a un segundo que es quizá más cercano a las preocupaciones de la administración de las cosas.
Se arguye que el enorme pago de las licencias extraído por el método de la subasta va a hacer el producto más caro que lo que debiera frenando así la implantación de la nueva economía en Europa. A mi juicio este argumente no es correcto. Lo ortodoxo es considerar a este pago por la licencia como un coste hundido. Pues bien, con independencia de detalles y del especifico tratamiento contable y fiscal de cada caso, desde el punto de vista económico un coste hundido no es algo que se tenga que renovar y que, por lo tanto, exija la dotación de un fondo de amortización específico. Consecuentemente este coste hundido no debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre precio y cantidad. Quien lo tuviera en cuenta cometería el mismo error tonto que el espectador cinematográfico que, horrorizado por la película, permanece en su butaca porque ha pagado la entrada. La decisión de quedarse o no dependerá de que actividades alternativas compiten con quedarse a ver el final de la película. En nuestro caso las decisiones sobre precio y cantidades de cada consorcio explotador -o su regulación óptima- de una licencia dependerá de la situación competitiva.
Esta situación competitiva depende más bien del coste fijo. Este es el coste en el que hay que incurrir para poner en pie la instalación necesaria para suministrar el servicio y que habrá que reponer cuando se estropee o se quede absoleta física o tecnológicamente. Cuanto mayor sea este coste fijo más amplio será el rango del volumen de producción sobre el que se observan economías de escala. Es esta característica lo que hace que organizar la competencia en un sector así sea algo complicado. Igualar la tarifa al coste marginal sería, como sabemos, socialmente óptimo; pero acabaría con las empresas porque, al estar el coste medio por encima del marginal en ese tramo relevante del volumen del output, se pierde en cada unidad producida. Fijar la tarifa de forma que se asegure a la empresa la posibilidad de pagar dividendos a su accionistas, exige facturar por encima del coste marginal lo que no es socialmente óptimo. Este problema es conocido, no se limita a este sector y hoy hay disponible una amplia y bella literatura.
También tenemos abiertos otros frentes discursivos en los que todavía cabe mayor discusión y en los que esa discusión es conveniente. Uno de ellos, el tercero, es el que podríamos denominar frente de estructura industrial. Se arguye que el gran precio de las licencias puede fomentar el gigantismo mediante concentraciones dirigidas a reducir costes o que el gobierno que ha recibido esas ganancias no esperadas puede acabar subvencionando artificialmente a otro sector productivo. Estos argumentos tienen su interés y esperemos que el debate vaya en parte por ahí.
Sin embargo seria una pena que en su discusión se incurriera en los errores que creemos haber detectado. La tendencia hacia la monopolización de un sector está en las economías de escala y estas existen, entre otras cosas, por la existencias de costes fijos, no por la existencia de costes hundidos. Si el estado traslada el nuevo ingreso a otro sector productivo, en lugar de dedicarlo a un gasto horizontal (como los de educación o ciencia por ejemplo) es que no se trata de un estado moderno, sino que parecería tener facetas de soberano patrimonializador de lo público. Un cuarto frente que todavía no se ha abierto del todo es el fiscal. Para llamar la atención sobre él dejenme hacer un comentario provocativo.
Se empieza a leer que estos pagos por licencias, puesto que son deducibles fiscalmente, tienen la consideración de impuestos adelantados sobre beneficios futuros. Bajo esta luz las enormes sumas recaudadas por las subastas no lucen tan atractivas. Pero también aquí hay que atender a las circunstancias a las que me refería antes. Como dice mi amigo, colega y ex alumno Antonio Alvarez, el problema para nosotros es que es un impuesto que han cobrado Alemania y Gran Bretaña y que han pagado algunas empresas españolas que quizá lo podrían haber pagado en España si aquí hubieramos montado un sistema de subastas.
Hay más frentes abiertos, como el financiero y el macroeconomico, que todavía no han sido abiertos al menos hasta donde yo conozco. También en ellos cabe la discusión. Por mi parte espero haber contribuido con esta tercera incursión en el tema del UMTS a mantener el debate abierto aportado por ciertas direcciones.
