Economía en Porciones
El viernes 27 de abril, Expansión titulaba la dimisión de Iain Vallance así: El presidente de BT se convierte en la primera víctima de la crisis de la telefonía móvil en Europa. La personalidad del ya ex presidente de British Telecommunications es bien conocida y puede ser descrita muy brevemente.
Llevaba muchos años en la compañía y había sido el autor intelectual de su privatización en 1984, un ejemplo que abrió la espita de muchas otras privatizaciones no sólo en el sector y no sólo en Inglaterra. Pilotó la compañía a través de todos los avatares por los que pasa un monopolio que tiene que adaptarse a la competencia, ensayó alianzas internacionales (incluída la fallida con Telefónica) y aceptó un amplio endeudamiento para no perder el ritmo de la expansión y para no quedarse fuera de mercado en el sector del Internet móvil (UMTS).
Describir la crisis de los móviles en Europa y entender sus consecuencias sobre la situación de BT lleva un poco más de tiempo pero pone de manifiesto, tal como veremos al final, una lección interesante. Hace poco menos de un año el futuro del móvil en Europa era brillante. No sólo este artilugio nos iba a permitir ponernos por delante de EEUU en cuestión de comunicaciones sino que su creciente demanda y su desarrollo tecnológico podrían ser los motores de un crecimiento, sino continuo, al menos acelerado.
La cumbre de Lisboa fue el máximo exponente de este optimismo: un pequeño esfuerzo unánimemente admitido bastaría para dar el salto desde un capitalismo renano ya obsoleto a un capitalismo americano. Y todo ello empujado por el crecimiento de productividad que el desarrollo de las telecomunicaciones trae consigo. Todo este optimismo, más mediático que real, más periodístico que técnico, ha recibido un castigo serio quizá no del todo merecido. La demanda agregada general (y la específica de telefonía móvil) se ha reducido debido a la ralentización económica global y el desarrollo del Internet móvil no cumple los plazos prometidos por los suministradores.
Esta crisis de los móviles ha cogido a los operadores europeos importantes en una situación delicada fácilmente comprensible. En efecto, durante el último año la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico para móviles de tercera generación ha incrementado el endeudamiento de los operadores, especialmente de aquellos que han conseguido licencias a través del procedimiento de subasta que se instrumentó en Gran Bretaña y en Alemania.
Éste es el caso de BT y en parte también el de Telefónica que, aunque se retiró de la subasta inglesa, llegó hasta el final en la alemana comprometiendo de ese modo unas inversiones millonarias adicionales al remate final lo mismo que muchas operadoras. El poco desembolso que Telefónica tuvo que pagar en España por una licencia que se concedió por concurso no es consuelo debido a que el Gobierno ha decidido cobrar un canon compensatorio. Naturalmente los operadores tienden a echar la culpa de su mala situación financiera al método de subasta en general y, en particular, al diseño específico de las subastas de Gran Bretaña y Alemania.
Posiblemente tengan razón en este último punto; pero la elección del método de concesión conforma una discusión ya pasada y bastante bien aclarada. La subasta es un método adecuado para repartir los beneficios extraordinarios del oligopolio legal formado por los operadores con licencia entre los accionistas de estas compañías, los consumidores y los contribuyentes.
Otorgar gratuitamente dicho espectro a algunas compañías existentes tal como pretenden algunos sería favorecer discriminadamente a sus accionistas en contra de los contribuyentes y con una eventual ventaja para los consumidores si las tarifas reflejan esa gratuidad. Repartir las licencias mediante el método de subasta reparte los beneficios del oligopolio legal entre accionistas y contribuyentes y no tiene por qué tener ningún impacto negativo sobre los consumidores ya que el coste de la licencia es un coste hundido y no debe influir en las tarifas.
Utilizar un beauty contest sesga el reparto a favor de los accionistas y en contra de los contribuyentes. Si luego se impone un canon no previsto a todos los usuarios del espectro, tal como se ha hecho en España, se compensa a los contribuyentes sin efectos predecibles sobre los consumidores.
Pues bien, una vez recordados estos puntos bien conocidos y a efectos de entender la moraleja que de esta crisis de los móviles se deriva, convengamos que las reglas implícitas en la convivencia occidental dicen que si los consumidores y contribuyentes se sienten maltratados pueden echar al Gobierno que diseñó la subasta en la próxima elección, y que si los accionistas se encuentran preteridos, pueden hacer dimitir a los ejecutivos que jugaron mal (si lo hicieron) el juego de las subastas. Y caben, claro está, toda clase de arreglos intermedios. No cabe duda de que en Gran Bretaña los accionistas de BT han seguido al pie de la letra esa regla implícita.
Han juzgado que Iain Vallance ha llevado a BT a acumular una deuda inmensa (prácticamente igual que su capitalización), no sólo pero sí en buena parte, debido a las subastas de Gran Bretaña y de Alemania, que esa acumulación insostenible obliga a liquidar otros negocios, que esas ventas precipitadas rompen la estrategia y que es mejor cambiar el ritmo, el director de orquesta y la estrategia partiendo la compañía en dos.
En España, la situación es muy otra ya que las compañías que han obtenido licencias son o muy recientes (Airtel, Retevisión) o recién montadas (Xfera) de forma que no están en bolsa, o han sido privatizadas y sacadas a bolsa muy recientemente (Telefónica Móviles) en una proporción del capital muy pequeña; pero el argumento es similar. Los accionistas podrían haber reaccionado como los de BT, especialmente en Telefónica Móviles que se hizo con una licencia alemana pagando una fortuna y comprometiendo inversiones millonarias, que se reflejarán en un endeudamiento creciente.
Esta actitud de los accionistas no hubiera sido ni justa ni inteligente porque la situación de la compañía es mucho mejor que la de BT; y tampoco hubiera sido practicable pues Telefónica detenta una mayoría sustanciosa; pero lo importante es subrayar el diverso comportamiento de los gobiernos inglés y español. El primero ha mantenido una política de hands-off. El segundo ha tenido una actitud más entrometida y más contemporizadora. Por un lado, ha defendido a los contribuyentes mediante el canon ex post y, por otro lado, protege a las empresas mediante el permiso para retrasar las inversiones comprometidas y a través de la ralentización del ritmo de la introducción de competencia, desentendiéndose así de los consumidores que se beneficiarían de un adelanto de esa competencia.
La lección que tenemos que aprender como país es muy clara y simple. Pasar de un capitalismo corporativista (sin haber degustado en serio el renano) al americano no basta con declaraciones o gestos diversos. No basta con las declaraciones de Lisboa por inteligentes que sean, y no basta con empaquetar medidas ya vigentes, ponerles una etiqueta nueva y presentarlas a bombo y platillo tal como se hizo en Vitoria aunque la coordinación sea siempre de agradecer.
Hay que adoptar actitudes, propias de un capitalismo moderno, que no son fáciles de aprender o de imitar. Hay que recordar con qué colectivos se está jugando, cuáles son los derechos de accionistas, contribuyentes y consumidores y hay que dejar que cada uno actúe en defensa de lo suyo. Hay que aprender que el Gobierno no puede hacerlo todo y, en definitiva, hay que dejar que la City funcione.
