Economía en Porciones
La crisis de la familia y la crisis del Estado son dos de esos fenómenos que se anuncian, desde hace años, de forma regular y a voz en grito, pero que uno no acaba de percibir con claridad, pues cada vez hay más familias y cada vez hay más Estados representados en la ONU. Los argumentos que sociólogos y politicólogos esgrimen como síntomas de estas dos crisis le resbalan a uno como agua de lluvia sobre tierra arcillosa, cosa que no es de extrañar pues ningún argumento llega nunca a convencer cuando no se está preparado para prestarle atención y yo, ciertamente y dejando a un lado la familia, no he sido receptivo a las críticas que se hacen al Estado a pesar de que conozco los argumentos utilizados.
Soy consciente de una primera crítica de raíz liberal que pone en duda el tamaño del Estado. El Estado es demasiado grande como para dejar que la libertad individual se despliegue fructíferamente. Hay demasiadas decisiones que el aparato del Estado toma por los ciudadanos y cada uno de nosotros va renunciando poco a poco al ejercicio de la libertad individual. Los liberales consideran que este estado de cosas enerva la responsabilidad individual y propicia la degradación del ciudadano en mero súbdito.
También oigo, e incluso escucho, otra crítica al Estado, esta vez de raíz comunitarista, o, si se quiere, nacionalista. En este caso lo que se pone en tela de juicio no es tanto el tamaño como el alcance del Estado. Aunque históricamente el Estado nace como estado nacional, lo cierto es, diría este tipo de crítica, que tal como lo conocemos el Estado actual no coincide siempre con lo que se podría denominar una comunidad nacional y, al final, resulta ser demasiado ancho para asuntos propios de esta comunidad política que lo sustenta y, simultáneamente, demasiado estrecho como para lidiar con las relaciones que inevitablemente se establecen entre las comunidades nacionales de distintos Estados.
Ambas críticas me parecen útiles y, de hecho, forman ya parte del pensamiento convencional que, en este sentido, se pregunta cómo sustituir un exceso de Estado de Bienestar por un voluntariado bien organizado y cómo determinar el tamaño y el número de los estados de este planeta. Pero ambos asuntos, importantes y parte de la agenda intelectual de cualquier observador social, no acaban de inquietarme profundamente y no logro sufrir por el monstruo en peligro de extinción.
Me parece que un economista normal está bastante bien equipado para lidiar con problemas como los citados y que retoques bien pensados pueden solucionar los problemas. Rediseño de sistemas de pensiones, nuevas tecnologías aplicadas a la educación o a la sanidad, reasignación de competencias desde el Estado hacia abajo (descentralización) o hacia arriba (organismos multinacionales) son arreglos que, con mayor o menor éxito, se ponen en práctica y a los que acabamos acostumbrándonos sin mayor agobio y sin que pongan en entredicho la esencia del Estado.
Éste, en efecto, sigue detentando el monopolio de la violencia y gracias a ello, es decir, a esta amenaza de ejercicio legal de la coacción, la selva primigenia se convierte en un jardín, la lucha descarnada por el uso de las cosas en economía de mercado y, en general, el miedo al prójimo en una cierta confianza en que no nos matará arbitrariamente. El Estado nos protege de nosotros mismos y como tal no parece que a nadie se le ocurra que pueda ser desmantelado.
Pero la tranquilidad dura poco, pues de pronto pequeños síntomas, etéreos e inquietantes que revoleteaban a mi alrededor, toman cuerpo y se condensan en un descubrimiento sorprendente. Lo que está en juego no es el tamaño o el alcance del Estado, sino que lo que está en juego, lo que se pone en duda, es la posibilidad de que pueda ejercer las funciones que le competen. Y lo que resulta más paradójico es que esto ni constituye una crítica al Estado ni tiene su origen en el liberalismo o en el comunitarismo. De lo que hablo es de un embrollo tecnocrático que amenaza con desmantelar el Estado.
No me siento capaz de desenredar el embrollo; sólo aspiro a describirlo y a lanzar un grito de socorro para que alguien, con mejor cabeza que la mía, ponga en esto un poco de orden conceptual y transforme mi sorpresa en un problema intelectual tratable. La descripción parece fácil al principio. Si un Gobierno no es capaz de comprometerse fehacientemente a hacer algo, pues ese algo no es creíble (no constituye una estrategia del Gobierno que forme parte de un equilibrio perfecto en subjuegos o no es intertemporalmente consistente para el Gobierno, en terminología propia de la teoría de juegos o de la programación dinámica respectivamente), encarguemos ese algo a una institución independiente gobernada por alguien para quien ese algo sí es creíble.
Por simple que parezca ésta es la base conceptual sobre la que se construye la autonomía de los bancos centrales y la que justifica el floreciemiento de agencias regulatorias independientes cuya nómina se larga sin límite. Éste es un argumento tan familiar para cualquier economista al tanto del desarrollo de su disciplina que no nos damos cuenta de su posible falacia.
Y, sin embargo, la descripción del embrollo tecnocrático pasa por reconocer esa falacia, cosa no tan fácil. El problema de credibilidad existe, sin duda, pero es un problema del Gobierno, no del Estado, y su solución también existe: el propio Estado, que no hay que confundir con el Gobierno. Si tenemos que acudir a una agencia independiente a fin de mitigar los efectos de un problema de Gobierno es que ya ni nos acordamos del Estado y creemos que Estado y Gobierno son lo mismo.
Prueba de esta confusión es, por ejemplo, que abogados y economistas del Estado solían ser grandes profesionales que, además, trabajaban para el Estado desde secretarías técnicas que permanecían al socaire de los vientos del ciclo político y del relevo de unos partidos por otros.
Hoy, muchos miembros de estos cuerpos de élite trabajan para las consultoras que se encargan de hacer el trabajo que antes hacía el Estado. Estado y Gobierno no eran lo mismo. Si ahora se confunden debe ser porque el Estado ha muerto, quizá asesinado por el Gobierno, y estamos asistiendo a su desmantelamiento. Asustado de su propio magnicidio, el Gobierno, apoyado por quienes acusan el peligro de la ausencia del Estado, pretende utilizar materiales de derribo para reconstruir una constelación de agencias regulatorias (independientes, eso sí) que remeden al Estado. ¿Es esta interpretación correcta? ¿Adónde nos lleva?
