Economía en Porciones
A cualquier observador de las reacciones mediáticas frente a consecuencias colaterales de la subida del precio de los carburantes se le presentará, seguramente, una extraña paradoja. Por un lado economistas razonablemente de izquierdas y sensatos abogan por no rebajar la fiscalidad que grava el consumo de gasolinas y gasóleos, e incluso por subirla por razones ecológicas o de política energética. Por otro lado los intelectuales de derecha, no necesariamente economistas, pero igualmente sensatos parecen disculpar e incluso defender un recorte de esa fiscalidad para apoyar a los grupos más vulnerables al incremento reciente del precio del crudo (agricultores y transportistas).
Lo paradójico de este contraste de pareceres es que parecería que es la izquierda la que se preocupa por grupos sociales que sufren los embates de las leyes económicas y que corresponde a la derecha clamar por el cumplimiento puntual de esas leyes. Para aumentar aún más la confusión parece que los gobiernos están dispuestos más o menos vergozantemente a hacer concesiones fiscales a transportistas y agricultores y que es la comisión de Bruselas las que recomienda no hacerlas. ¿Se puede entender todo esto?.
Mi intento de explicación está basado en la percepción común de que la relación
izquierda/derecha se desplaza hacia la derecha en general y en la constatación
de que, primero, la teoría de la asignación de recursos a través del mercado,
que antaño fue el reducto de los economistas no marxistas, es hoy el entramado
intelectual de la izquierda moderada y de que, segundo, el planteamiento de las
relaciones económicas a la manera de la Public Choice ha pasado de ser
patrimonio de la ultraderecha americana a ser argumento cotidiano de la derecha
moderada. De acuerdo con este desplazamiento se entiende bastante bien la
diferencia de pareceres entre los comentaristas moderados de uno u otro signo.
Veámoslo.
La visión de un izquierdista moderado sería hoy la de un teórico experto en asignación de recursos para el que rebajas en la fiscalidad de las gasolinas cambiaría su precio relativo. Este teórico continuaría observando que si, además, el consumo de gasolina o gasóleo produce nocivos efectos externos (como la emisión de CO2), o se encuentra por encima de la senda óptima de explotación del petróleo como recurso no renovable, deberíamos hacer algo para incentivar una reducción de su consumo como, por ejemplo, aumentar el impuesto especial sobre gasolinas o gasóleos o incluso el IVA correspondiente.
Vayamos ahora a tratar de caracterizar la visión económica de un derechista moderado. Esta tarea es más compleja que la anterior porque quizá este derechista moderado no se mueva por una visión económica. Sin embargo yo creo que hasta cierto punto cabe atribuirle un planteamiento, cercano a la escuela denominada de la Public Choice, y que podría explicarse como sigue. Existe un pacto implícito entre políticos por un lado y agricultores y transportistas por otro en virtud del cual los gobiernos de cualquier signo protegen a transportistas y agricultores y estos, en su conservadurismo, sostienen al gobierno. A su vez este gobierno comparte con ellos la recaudación de parte de la imposición indirecta mediante el simple mecanismo (poco transparente) de subvencionarles el consumo de los gasóleos correspondientes a través de una reducción de la imposición que lo grava. Un incremento inesperado del precio del crudo pone en peligro esta profunda amistad al ahogar a transportistas y agricultores cuyo output tiene precio tasado y los políticos acuden solícitos a repararla rebajándoles directa o indirectamente la fiscalidad que han de pagar por el consumo de un input básico para ellos.
Si esta reconstrucción de los argumentos básicos es correcta, la paradoja va camino de solucionarse. No hay que atribuir una u otra opinión respecto a lo que habría que hacer frente al incremento del precio del crudo a izquierdistas y derechistas, sino más bien a economistas de uno u otro tipo. La opinión de que no hay que bajar la fiscalidad corresponde a economistas teóricos de la escuela mayoritaria que entienden mucho de asignación de recursos pero son bastante ingenuos en cuanto toca a las soterradas relaciones entre grupos de interés destinados a repartirse el botín.
Quienes recomiendan ceder ante la presión de los perjudicados podrían muy bien estar apoyados por una escuela minoritaria que ha entendido de manera fructífera esas relaciones de interés y las ha analizado siguiendo el modelo de racionalidad individual aplicado al comportamiento de los políticos. Los políticos de Bruselas que no tienen poder y que no tienen un pacto implícito ni con agricultores ni con transportistas, quizá porque no son elegidos por ellos, pueden permitirse el lujo de pensar en términos de asignación de recursos y aconsejar que no se rebaje la fiscalidad. Los políticos nacionales en su gran mayoría no pueden permitirse ese lujo porque tienen que sostener el pacto implícito que les mantiene en el poder mediante una rebaja de la fiscalidad. Los primeros acudirán a economistas de los llamados profesionales; los segundos a economistas más exóticos o quizá a intelectuales de uno y otro tipo que tienen bien internalizados los intereses que realmente importan.
Esta forma de solucionar la paradoja, o esta forma de entender porqué unos y otros defienden o recomiendan lo que defienden o recomiendan, plantea sin embargo un dilema a los economistas convencionales que estamos convencidos de que no hay que hacer concesiones fiscales a los agricultores. Si hacemos que los agricultores paguen el precio del gasóleo con toda su fiscalidad y estos no pueden repercutir la subida en el precio de los productos agrícolas porque perderían los mercados, estos agricultores acabarán abandonando el campo y la desertización avanzará más rápida. Ante este problema de conservación del territorio yo, como economista convencional, enmudezco y observo atónito cómo prevalece el conservadurismo de la solución actual. A mí no se me ocurre nada al respecto. ¿Tiene alguien alguna idea o quizá debiera aceptar la sabiduría que subyace a la reconstrucción del pacto implícito entre políticos y agricultores?.
