Juan Urrutia, el autor y el economista
El viajero mítico de H. Simon veía, a medida que desde marte se acercaba a la tierra, grandes manchas verdes (que reconocíamos como empresas) y delgadas líneas rojas que conectaban entre sí bien a las empresas o a éstas con el usuario/consumidor (mercados). Si hubiéramos sorprendido al marciano en una posición espacial más cercana a la tierra podríamos haber completado el cuento con distintos tonos de verde y con ribetes sutiles a las líneas rojas. El Estado, en efecto, a veces es el propietario de alguna empresa, en otras ocasiones es un simple accionista minoritario o ejerce alguna influencia sobre las decisiones -a través de diversos mecanismos- y no siempre los mercados son totalmente libres; sino que en casos específicos pueden estar regulados por el Estado.
El Estado es pues un agente económico cuya justificación última no es, sin embargo, económica sino política. Lo es en el capitalismo de hoy en el que este agente tiene un tamaño variable así como un ámbito respetable y lo seguirá siendo mañana aunque la globalización (que estudiaremos en la parte IV), la sociedad de la información y las TIC vayan a influir en su tamaño (y consecuentemente en el número de ellos que se sientan, digamos, en la Asamblea General de la ONU) y en su ámbito (o porcentaje del PIB que maneja) tendiendo a reducir ambos. El objetivo de este capítulo es precisamente este, el de detectar las fuerzas que presionan para reducir el ámbito del Estado y su tamaño.
Respecto al ámbito ya hemos avanzado algo en la primera entrega del capítulo anterior al exponer una metáfora1 en la que se hacía referencia a la naturaleza decreciente de los costes de transacción; pero respecto al tamaño introduciremos algunas ideas novedosas.
Se trata de un único capítulo cuyas tres secciones se presentan en tres partes diferentes por razones de dimensión. En la segunda sección, que constituye la segunda parte, examinaremos en qué consiste un Sector Público que compite con el Sector Privado y con el emergente Tercer Sector para entender cómo y porqué el ámbito del Estado es previsible que vaya reduciéndose. En la tercera sección, presentada como tercera parte, estudiaremos la cuestión del número y tamaño de los estados nacionales como proveedores de bienes públicos tanto locales como globales.
Sin embargo, y antes de entrar en estas dos secciones, utilizaré, en esta primera parte, una primera sección introductoria para atender a dos exigencias previas, la de entender a nuestra manera económica qué es el Estado de una forma no menos seria que la incorporada en la comprensión del usuario y de la empresa, y la de comprender tanto su necesidad para mantener la competencia como el peligro que puede representar para el libre desenvolvimiento de esta última, acercándonos así a captar los límites del Estado.
En el primer apartado aplicaré un argumento ya utilizado a propósito de la posible privatización de la ciencia para entender el porqué nos estamos refiriendo a lo largo de este trabajo a un Estado que podríamos denominar democrático, en el sentido profundo de surgir como una emanación de la soberanía popular. Y en el segundo apartado explicaré porqué creo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de la libre competencia en lugar de tratar de sustituir a la iniciativa privada, sin que esta tarea sea, en principio, la única deseable. Otras posibles tareas tendrán que ser presentadas y juzgadas más adelante.
Nada más alejado de mis intereses en este intento de pensar en El Capitalismo que viene que la Teoría del Estado. Tanto polítologos como administrativistas y constitucionalistas escriben ampliamente sobre ello y los filósofos políticos de todos los tiempos no han ahorrado esfuerzos en la conceptualización y justificación de esta institución importantísima y no sólo para el funcionamiento de la actividad económica
Sin embargo es necesario para mi estrategia tener una idea clara de lo que llamamos soberanía popular para poder empezar a juzgar lo que podríamos llamar los límites del Estado que, más allá de su ámbito o su tamaño, hacen referencia a lo que dicho Estado no puede hacer en un sistema político democrático basado en esa soberanía popular.
Para mis finalidades me interesa, sin embargo, recordar a grandes rasgos las ideas básicas de Hobbes (pensador éste que uno no asociaría precisamente a la soberanía popular). Y ello por dos razones. Porque hace uso de la idea del estado de naturaleza tan familiar para cualquier economista a través de las ideas sobre la justicia de Rawls y porque el Estado aparece entonces como un agente encargado, por parte de muchos principales de mantener el orden, una relación ésta, la de agente y principal, muy conocida también por los economistas.
Estas ideas hobbesianas pasarán hasta nuestros días dibujando una línea cuyos últimos trazos me interesa destacar pues me llevan a detectar una tensión latente entre el neoconservadurismo y el liberalismo que va a condicionar no pocos desarrollos del capitalismo en relación con la globalización y los problemas que ésta trae consigo. Pasaré así revista breve a las ideas de Carl Schmitt y Leo Strauss para acabar en un argumento, ya utilizado en esta obra, que desembocará en la idea de soberanía popular.
El estudio de la obra de Hobbes es el punto de partida natural para alguien que no pretende aportar nada sustantivo a la Teoría del Estado; pero que necesita un mínimo de filosofía política para iniciar un estudio del papel del Estado en el ámbito económico. Hobbes puede ser considerado, en efecto, como un precursor de la modernidad.
Citando a Vallespín en su magnifico trabajo sobre nuestro autor2 podemos decir que se trata de "alguien preocupado por "liberar" al hombre de tanta mentira depositada por las doctrinas y tradiciones, y por enseñarle a aplicar su capacidad racional para poder conseguir una autentica paz social y mayor prosperidad" (p.303).
En esta primera cita encontramos algunos de los elementos que nos interesan en este punto. Se trata, desde luego, de un comienzo que rompe con un pasado inmediato plagado de crueldad, luchas fraticidas y sangre que no podía estar mejor representado que en el Rey Lear de Shackespeare. Pero ese comienzo no es cualquiera sino que está señalado por el uso sistemático de la racionalidad, una noción ésta que como sabemos es central para la Economía en una u otra de las versiones que introdujimos en la primera parte de este trabajo y más concretamente en el primer capítulo. Y, esa racionalidad debe ser aplicada a un tema incontrovertiblemente público (el de la paz social o seguridad) pero también a otro tema, como el de la prosperidad económica que no corresponde, en principio a lo público, pero que encontrará dificultades para su desarrollo pleno en ausencia de algunas precondiciones que, aunque suelen exigirse del Estado o del Sector Público, no está claro que tengan que residenciarse ahí necesariamente.
Estos dos temas que parecen abarcar de manera amplia el papel del Estado corresponden de una manera muy genérica a una tensión que nace en los albores del siglo XVII, que dura hasta nuestros días y que se manifiesta en la dialéctica continua entre el absolutismo (al que se suele asociar a Hobbes sin matices) y la soberanía popular que hoy asociamos a la democracia. Vallespín termina su ensayo ya citado sobre Hobbes, del que voy a servirme con total descaro, con las siguientes palabras:
"en él [Hobbes] se manifiesta esa paradoja entre emancipación y sumisión de un modo extraordinario... es el primero en desprenderse de un modo radical de las losas metafísicas y ontológicas, y el primero en ofrecer una teoría de la legitimidad racional; pero es también el iniciador de la "cultura del despotismo" "(p.305).
Buscamos pues en Hobbes el punto inicial de nuestra posición ambivalente ante el Estado. Por un lado no podemos convivir sin un conjunto de normas que organicen esa convivencia entre seres no angélicos, aunque no sabemos de entrada si esas normas son racional pero arbitrariamente impuestas por un soberano o son el resultado evolutivo del roce a veces cruel entre los hombres, o conforman el contenido de la delegación que los individuos hacen a un tercero.
Por otro lado, cualquiera que sea el origen de esa normativa para la convivencia, su extensión no puede ser muy grande porque si acabara dominando todos los aspectos de la vida imposibilitaría el despliegue de la creatividad propia de la iniciativa privada. "Liberación y disciplinamiento", subraya Vallespín, "son los dos ejes sobre los que desde sus inicios ha discurrido la modernidad, y aquí se nos presentan por primera -quizá ultima- vez con una nitidez sin parangón" (p.305).
El punto de partida de esta claridad necesaria a efectos de ubicar correctamente al Estado hoy, está en la noción metodológica del estado de naturaleza que puede servirnos como constructo intelectual para legitimar el poder del Estado. Este estado natural está ocupado por unos seres humanos con naturaleza de ángeles caídos.
Entre ellos no hay fraternidad, entendida ésta tal como la describíamos en el capítulo II.33, sino que cada uno de éstos ángeles caídos es, por una parte, esclavo de su egoísmo que hace que sólo se relacione con los demás por necesidad y/o por beneficio y, por otra parte, de un orgullo tal que le coloca siempre en situación de competencia irracional con sus semejantes. Como cada uno cree tener la capacidad de enfrentarse a cualquier otro y dominarlo para apropiarse de sus pertenencias, todos los hombres viven en un permanente estado de ansiedad atravesados por el deseo de atacar y el miedo simultáneo a ser atacado.
Este ultimo puede prevalecer y resultar en lo que hoy llamaríamos una guerra preventiva que acabe generalizándose y abocando a esa forma de vida que fue descrita de forma famosa e inmejorable por Hobbes como "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta"4.
Para evitar las consecuencia terribles de una vida así -que no es tan distinta a la que todavía podemos observar hoy en ciertos lugares del mundo y no necesariamente del mundo subdesarrollado- Hobbes establece unas leyes que llama naturales pero que haríamos mal en entender en la actualidad como provenientes del derecho natural como manifestación de la voluntad del Creador.
Es cierto que la cultura de su tiempo le hace expresarse de manera ambigua pero la exégesis más cuidadosa parece aceptar que la justificación última de esas leyes naturales no estaría en la deontología o en la ética en general; sino en la política. La legitimidad última de esas leyes naturales vendría dada por un decisionismo político que reaparecerá después de más de dos siglos en Schmitt y que ahora se va a plasmar en el verdadero Estado.
El problema de esta última legitimidad puede entenderse hoy por un economista de manera nítida planteando el estado de naturaleza como un dilema del prisionero, un juego que explicamos con detalle en el capítulo I.1, que es más que conocido y que ha sido utilizado en este contexto por Gauthier5. La racionalidad del jugador resume la naturaleza que Hobbes atribuye al hombre. Esta naturaleza lleva inexorablemente a la situación no-cooperativa equivalente al estado de naturaleza. La situación cooperativa no es sostenible y si por casualidad estuviéramos en ella el ángel caído acabaría dejándose llevar por su propensión a traicionar y jugar unilateralmente la estrategia no-cooperativa.
Hay muchas soluciones propuestas a este dilema. Entre ellas hemos mencionado en su momento el tit for tat y la limitación en el conocimiento mutuo de la naturaleza del prójimo. Ninguna de estas soluciones ni otras muchas que se han propuesto en la literatura, puede considerarse como la formalización adecuada de la solución propuesta por Hobbes en su Leviatán.
En efecto, la solución que propone Hobbes al problema planteado por el dilema del prisionero en el que se traduce el estado de la naturaleza consiste en un pacto que se expresa así en el Leviatan:
"Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mi mismo, dando esa autoridad a este hombre o a esa asamblea de hombres, con la condición de que tu le concedes tu derecho de igual manera, y les des esa autoridad en todas tus acciones" (p.227).
Es una solución que mezcla la delegación con el cheap-talk diríamos hoy. Cuando el compromiso es imposible, como es el caso en el estado de naturaleza, solo caben o estrategias que se sostienen a sí mismas -self enforcing- o, como mencionaba antes, soluciones sofisticadas de teoría de juegos que no tienen un obvio correlato real, o precisamente la delegación como sustituto del compromiso (committment); pero una delegación que ha de hacerse por cada uno y de manera condicionada a que cada uno de los demás lo haga también. Esas estrategias condicionadas están relacionadas con la posibilidad de contactos previos que conforman lo que se llama cheap-talk.
Como veremos más adelante en este capítulo esta misma problemática de la delegación subyace a la justificación de las agencias regulatorias independientes que tanto proliferan en los Estados modernos. En estos casos la delegación no necesita cheap-talk porque se hace directamente del Estado a la agencia reguladora. El problema de estas agencias es que su independencia es revocable y esta posibilidad de revocación nos llama la atención sobre el hecho de que esa misma amenaza planeará siempre sobre el Leviatan a no ser que se dote a ese monstruo de todos los poderes necesarios para evitar esa revocación.
Es justamente en este punto en donde radica la tensión de la modernidad que tiene su origen en la que está presente en el Leviatan como solución al horror del estado de naturaleza. Si ha de ser una solución para siempre (o de una vez por todas) sus poderes han de ser totales; pero si lo son caemos en el totalitarismo que sabemos incompatible con la autonomía personal necesaria para el desarrollo individual. Si admitimos muchas de estas libertades individuales no hay manera de evitar la posibilidad eventual de la revocación de la delegación con lo que se dificulta la capacidad apaciguadora del Leviatan.
La opinión de Hobbes de que en "la mayor libertad de los súbditos proviene del silencia de la ley"(p.271) es, ciertamente, muy moderna. Como dice Vallespín lo que identifica a las libertades individuales es su carácter residual en aquellos ámbitos no previstos en la delegación que efectuamos a favor del Leviatan. Esta es una construcción sorprendente que explotaré enseguida cuando trate de ofrecer una teoría de la soberanía contraria a la del Carl Schmitt quien va a heredar el decisionismo hobbesiano, pero no su defensa de las libertades individuales.
Sin embargo antes de entrar en este planteamiento de la soberanía popular quiero dejar constancia que lo que llamaríamos el problema de Hobbes pierde virulencia en presencia generalizada de las TIC en la sociedad de la información. El insoportable recelo mutuo que acaba exigiendo, según Hobbes, un Leviatan no lo sería tanto en presencia de unas TIC generalizas cuya principal virtualidad es la de ir tejiendo unas redes de individuos sostenidos por la confianza mutua que surge de cualquier tipo de identidad cultivada en la red de redes.
Por otro lado la tensión entre absolutismo y necesidad de iniciativa individual libre que la obra de Hobbes representa se hace menos perentoria en la sociedad de la información puesto que aparecen como posibles soluciones al dilema del prisionero que surge en el estado de naturaleza que, aunque menos ingeniosas que las citadas, aparecen como más utilizables al estar basadas en el conocimiento acumulado y disponible sobre el comportamiento de cada agente individual.
A partir de estas ideas bien conocidas de Hobbes6 me interesa destacar ahora que el conservadurismo siempre tiene este origen hobbesiano aunque, en cada caso, se citen autores más modernos. En particular creo importante entender cómo se entiende el conservadurismo americano de nuestros días puesto que su influencia nos va a alcanzar a todos7.
Este conservadurismo americano, de raíces profundas y antiguas, se ha configurado especialmente a partir del 11-S, como una referencia inevitable en la discusión política general, y me atrevo a augurar que ahí seguirá durante bastante tiempo a pesar de que algunos quieran ver en el fracaso de la guerra de Irak la decadencia de su específica versión neo-con. Creo que esta última referencia conservará su vigencia como un asunto central para la convivencia normal en sociedades desarrolladas a un lado y otro del Atlántico. Por eso es importante hacerse cargo de lo que significa.
Es un lugar común que esta referencia neo-con tiene un protagonista central en Leo Strauss. En su trabajo sobre él, Fernando Vallespín8 afirma que la finalidad del judío Strauss era "combatir la opción integracionista de un importante sector de la intelligentsia judía. Tanto de aquellos guiados por un entusiasmo liberal, como de quienes cifraban su esperanza en el marxismo.... Por un lado saludaba la crítica Schmittiana en lo que tenía de puesta en cuestión de la ingenua pretensión liberal de reconciliar las contradicciones. Pero, por otro, subrayaba el peligro de buscar resolver este impasse en una nueva política exclusivamente dirigida a delimitar la relación amigo/enemigo..." Nuestro autor propone otra salida: "aquella favorecida por Maimónides con su peculiar reconciliación de filosofía y tradición" (pp.336-7).
Que la tradición americana es la que debe organizar la convivencia en América más allá de nefastas influencias europeas de carácter nihilista, y que éstas están a punto de enervar la fuerza creativa de aquella es el aviso que lanza Alan Bloom en el ya clásico The Closing of the American Mind9. Pero esta tradición americana está cruzada por dos influencias bien reflejadas en el decisionismo de Carl Schmitt para quién "la dictadura sería decisión concreta en contraste con el liberalismo (romántico) de la burguesía que no se decide por la lucha y se comporta como una "clase discutidora" que traslada la actividad política a la discusión en la prensa y el Parlamento"(p.256)10. De ahí que Schmitt comenzara su Politische Theologie con las famosas palabras : "soberano es quién decide sobre el estado de excepción"(p.250)11.
ue el 11-S pueda tomarse como el origen de un estado de excepción, ha hecho que la pobre tradición liberal quede ahogada por el neoconservadurismo de origen Schmittiano para el que, como hemos visto, la soberanía es la que justifica el uso de la fuerza (la dictadura) cuando hay un conflicto excepcional.
Lo que pretendo a continuación es armar un argumento de tipo económico para atacar la hegemonía actual (al menos aparente) de la influencia Schmittiana y defender ese liberalismo ingenuo, inoperante, incapaz de decidir, discutidor y conciliador. El punto de partida es la pregunta crucial sobre quién puede usar la fuerza cuando las pautas de conducta normales en una sociedad no operan en un ámbito como por ejemplo el terrorismo internacional, que es conflictivo y no está previsto.
Para contestarla usaré un argumento propio de la literatura sobre contratos incompletos que ha sido utilizado típicamente para justificar la propiedad privada de una determinada parte de las firmantes de un contrato como el derecho a tomar decisiones en aquellas contingencias no explicitadas en él, y que configuran un caso excepcional, con la finalidad de lograr entender por analogía el papel de la soberanía en el estado de excepción y poder determinar quién debe ser titular de tal soberanía12.
Una comunidad prepolítica, en efecto, no es sino una haz de contratos; pero en ninguno de los componentes de ese haz se pueden tener en cuenta todas la contingencias posibles. Pues bien, tal como explica O. Hart en su libro que he citado a menudo, en esas condiciones de incompletitud de los contratos, lo importante desde el punto de vista de la eficiencia es quién tiene los derechos residuales, es decir quien tiene el poder de decisión cuando llega una circunstancia no prevista en ellos.
Pensemos en una comunidad premoderna y digamos que el contrato central para la formación y desarrollo de esa comunidad se firma entre el señor y una clase especial de agente privado, que denominaré el pueblo, y que ese contrato consiste en especificar ex ante las aportaciones complementarias de uno y otro al entramado de la convivencia. El señor pone las armas (el capital) que no valora en sí mismas y el pueblo, que sí valora las armas en sí mismas por su capacidad liberadora, pone su carne de cañón (trabajo), es decir, su capacidad de usar esas armas. Si este contrato fuera completo estaríamos en presencia del problema de identificar el óptimo de primer rango, la soberanía sería irrelevante para la eficiencia y no habría problema de incentivos.
En un contrato completo, en efecto, no hay problema de incentivos porque el criterio obvio para decidir las respectivas inversiones complementarias es la maximización del beneficio conjunto. Y este es el criterio obvio porque el reparto posterior de este beneficio está especificado perfectamente. Cual sea esta especificación, es decir de quién son los beneficios, influye en la distribución entre capital y trabajo, (o entre el señor y el pueblo en nuestro caso) pero no en la eficiencia.
Ahora bien parece evidente que un contrato como el presentado no puede ser un contrato completo, por lo que habrá muchas circunstancias en las que es imposible verificar si se están cumpliendo los pactos establecidos ex ante. Es evidente que cuando este contrato es incompleto el reparto del beneficio conjunto no puede estar especificado perfectamente en toda contingencia y, en consecuencia, el óptimo de primer rango no es alcanzable. El óptimo de segundo orden dependerá ahora de los incentivos.
Pues bien, ahora sí que la soberanía es esencial para los incentivos (y por lo tanto para alcanzar el óptimo de segundo orden) pues determina quién tiene el derecho a forzar la continuidad del proyecto de vida en común, hecho posible por la presencia de las armas, en el caso de que surja una desavenencia entre el señor y el pueblo no tenida previamente en cuenta.
Pensemos en primer lugar que el señor y el pueblo van a producir conjuntamente un bien privado como, por ejemplo, cereales cultivados por el pueblo y protegidos (contra su posible depredación) por el señor. Supongamos que la soberanía se asigna al pueblo. En este caso es evidente que el señor no tiene incentivo a aportar un arsenal poderoso pues se va a quedar con él sin poder utilizarlo si el soberano decide no continuar cultivando.
Supongamos por el contrario que la soberanía pertenece al señor. En este caso este señor tiene un incentivo claro a invertir más en armas pues, si hay desavenencias él puede decidir y exigir que el cultivo continúe. Es decir, cuando se produce un bien privado a través de un contrato incompleto la propiedad ha de ser de quién aporta las armas, es decir de quién aporta lo que los economistas llaman capital. Este sería el argumento para defender que la soberanía se asignara al señor de forma que éste se convertirá en el Estado con su fuerza coactiva y decisoria.
Hasta aquí no he hecho sino traducir a Hart desde el lenguaje de la propiedad al de la soberanía de forma que resalte una convicción Schmittiana: que la soberanía está en la fuerza. Pero pensemos ahora que entre las armas del señor y la carne de cañón del pueblo van a producir un bien público que llamamos seguridad colectiva. La situación es ahora bien distinta.
Supongamos que la soberanía perteneciera al señor y que éste hubiera decidido hacer una inversión muy grande en arsenal bélico. En este caso, si el acuerdo se rompe ante una contingencia no prevista hay dos posibilidades: que el señor decida interrumpir el proyecto en seguridad colectiva o que decida continuarlo. En la primera eventualidad ha malgastado una gran inversión, en la segunda, el rendimiento se lo lleva el pueblo que es quién se beneficia de la seguridad colectiva, luego cabe pensar que el señor no tiene incentivos a hacer una gran inversión en armas.
Supongamos ahora que la soberanía fuera del pueblo y que el señor ha decidido hacer una inversión muy grande. Si el acuerdo se rompiera, al pueblo le compensa seguir en el proyecto aunque tenga que ceder parte del excedente al señor porque él, el pueblo, valora mucho el arsenal que le proporciona la seguridad colectiva y la posibilidad eventual de liberación si puede apoderarse de él. En consecuencia, el señor tiene incentivos a construir un arsenal bélico importante. Diríamos que, en este caso, la soberanía pertenece al pueblo, que el Estado no nace como tal, y que algo como el Estado es empleado a un precio por el pueblo para aportar la coacción al proyecto de defensa colectiva13.
Llegado a este punto debería estar claro que en este segundo caso, que no es sino la adaptación a nuestro problema de teología política de un trabajo general de Besley y Ghatak, el pueblo tiene la soberanía y decide el uso de la fuerza en caso de estado de excepción. Nada de esto tiene que ver con la teología, ni con la lectura del mundo como dividido entre el bien y el mal, característica del movimiento neo-con. Se trata del reparto del poder en una situación compleja de una forma que es self-enforcing, que se impone por sí misma, porque consigue el óptimo de segundo orden cuando no se puede conseguir el óptimo de primer orden.
El problema con la concepción neoconservadora de presunta raíz Schmittiana es que no parecen entender, o parecen querer olvidar, que el óptimo de primer orden no es alcanzable. Para plantarles cara en defensa del liberalismo basta pues con hacerles ver que ni ellos ni nadie puede diseñar un contrato completo para organizar la convivencia. Este reconocimiento es el que subyace, en efecto, en el planteamiento de los liberales pragmatistas americanos que lejos de imaginarse y desear el final de la Historia, prefieren y tratan de practicar un continuo negociar y renegociar contratos explícitos o implícitos entre distintas instancias de la ciudadanía que se sabe soberana.
Esta dicotomía y tensión entre conservadurismo y liberalismo, con todos los matices que se quiera, constituye un ruido de fondo sobre el que hay que montar las ideas sobre la forma de funcionar del Estado y los comentarios sobre en qué dirección va a soplar el viento de los nuevos factores que estamos examinando. El examen de la influencia de éstos aparecerá más nítidamente en las siguientes secciones, pero ahora cabe añadir algo a lo mencionado en la nota 13. Tomemos la globalización.
En la medida en que la globalización puede hacer más peligroso el terrorismo la balanza se inclinará hacia el conservadurismo. En la medida en que la inmigración propiciada por esa globalización plantea problemas serios aparecen soluciones conservadoras (asociadas al multiculturalismo) en competencia con ideas liberales (asociadas al pluralismo cultural) muy diferentes unas de otras, pero con las posibilidades abiertas por las TIC apuntando en favor de las últimas. En la medida en que haya que ponerse de acuerdo para luchar contra el terrorismo las negociaciones liberales aparecerían como las adecuadas, en un mundo en el que la información y las TIC sostienen un sustrato de confianza mutua más profundo que el del estado natural Hobbesiano.
Si en vez de pensar en los posibles efectos extremos de la globalización, pensamos en el fenómeno de la competencia, caemos en la cuenta que importa y mucho cual es la filosofía de fondo. Una competencia impuesta con autoritarismo podrá evitar colusiones; pero elimina parte de la autonomía personal, mientras que una competencia continuamente negociada respeta esa autonomía personal; pero puede no ser muy eficaz en evitar el poder de mercado. No es fácil la cuestión y para ir acercándonos a ella pensaré a continuación precisamente sobre competencia.
En el ejemplo que acabo de utilizar a efectos de entender la soberanía popular he utilizado muy a propósito la seguridad como la función propia de un Estado, una función que tiene características de bien público y que parece apropiada en estos tiempos en los que nos enfrentamos al terrorismo de corte islamista también llamado internacional. Sobre esto hablaremos en la sección correspondiente al tamaño del Estado; pero ahora es bueno darse cuenta de que el soberano, ese agente que llamábamos el pueblo, es como un principal que encarga a un agente especial aquellas tareas que le parece conveniente delegar.
Una de esas tareas será sin duda la defensa de la competencia de la que hablaremos en la sección correspondiente al tamaño del Estado. Pero antes de focalizar muestra atención en estas tareas que difícilmente pueden dejar de ser propias de ese agente que llamamos Estado, cualquiera que sea su ámbito y su tamaño, hemos de introducir la posibilidad, inherente a la noción misma de competencia, de que los agentes privados traten de capturar al Estado para que trabaje para ellos en particular en un intento de capturar o hacerse con rentas que no provienen de su actividad en un marco competitivo sino del aprovechamiento de alguna regulación favorable. Entramos así en lo que podíamos denominar los límites del Estado en su función ordenadora de la convivencia.
En un primer subapartado elucubraré sobre el capitalismo de amigotes que trata de capturar al Estado con todos los males que ello trae consigo y en la potencia profiláctica que los mercados pueden tener al respecto. En un segundo apartado indagaré cómo la iniciativa privada puede ir más allá de los mercados y servir como un mecanismo social de alineación entre los incentivos privados y los intereses sociales.
No se puede hablar del Estado desde el punto de vista económico sin tener muy presente la posibilidad de su captura y los incentivos evidentes que existen para intentar dicha captura con lo que la fuerza creativa del mercado quedaría enervada.
En el capítulo anterior, poco a poco, y desde distintos ángulos teóricos novedosos unos y más tradicionales otros, hemos alcanzado una comprensión cabal de la potencia del capitalismo como forma de generar riqueza y de mejorar el bienestar de los ciudadanos, potencia que hay razones para pensar que se hará efectiva en un futuro empujada por los tres factores que reiteradamente hemos citado como centrales para nuestro estudio
Desde un punto de vista microeconómico relativamente ortodoxo, y en cualquier caso perteneciente a la corriente teórica principal, hemos mostrado que la propiedad privada es imprescindible para la creatividad del mercado. Desde una perspectiva microeconómica menos ortodoxa y reminiscente de la tradición austríaca hemos llegado a comprender el papel del empresario como motor de ese mercado que es capaz de agregar eficientemente la información y que es capaz de innovar continuamente. Pues bien, complementariamente con estas dos maneras de pensar microeconómicas, la macroeconomía más combativa está tratando de elucidar cuáles son las variables clave que explican, además de la distribución de la riqueza entre las naciones, las dificultades para el desarrollo de muchas de ellas.
En las Walras-Pareto-Lectures del año 2002, Prescott y Parente, basándose tanto en abundante evidencia factual como en su manera de calibrar y calcular la solución de modelos de equilibrio general dinámico, acaban elaborando su diagnosis sobre la naturaleza de las barreras que se oponen a la creación de riqueza14.
Básicamente lo que según ellos ciega la creatividad y la creación de riqueza que la libertad de mercado trae consigo, es la connivencia entre gobierno, empresarios y clases sociales establecidas, lo que en este apartado llamamos la captura del Estado. El gobierno paraliza la introducción de nuevas tecnologías disponibles para acabar de exprimir las antiguas en beneficio de propietarios, poco arriesgados y sin ningún espíritu de innovación, que detentan el monopolio de su explotación y se constituyen en clase dominante. La breve mención a la salida en Bolsa de Google efectuada en el capítulo anterior demuestra la pertinencia de esa acusación de Parente y Prescott.
Quizá en este punto sea aceptable una breve incursión histórica que muestre que esta concatenación de ideas entre la competencia, su mixtificación por un Estado capturado y su purificación por los propios mercados, no resulta nada alejada de la experiencia de los españoles que hoy están más allá de la cincuentena.
En efecto, en el franquismo, que como específico régimen económico quizá duró hasta bien entrados los setenta, existía de facto una connivencia implícita general y básica (trufada quizá de excepciones honrosas) entre gobierno, empresariado y banca. Esta última era, quizá de manera involuntaria, un instrumento del gobierno para llevar a cabo su estrategia económica, de supervivencia primero y de desarrollo después, basada en empresarios amigos y dóciles y en una férrea regulación de precios y tipos de interés que garantizaba a empresarios y banqueros el reparto del dividendo a sus accionistas. En estas condiciones difícilmente hubieran podido los empresarios, industriales o financieros, haber cumplido con su función de crear riqueza más allá de su fidelidad a los planes gubernamentales. El papel creativo del mercado a su vez estaba cegado o abortado por una regulación minuciosa y por un burocratización enervante de la vida económica.
Mientras duró la autarquía este modelo de régimen económico pudo sostenerse e incluso algunos historiadores podrían argüir que sirvió para recapitalizar en todos los sentidos una economía devastada por la guerra... y por siglos de abandono. Pero a medida que se abrió la economía desde principios de los sesenta el modelo se hizo más y más insostenible y acabó constituyendo una verdadera rémora para la puesta al día de la economía de un país como España que hubo de esperar a la transición para empezar a desperezarse de manera generalizada.
El desarrollo posterior de España da testimonio de la corrección de las ideas de Prescott y Parente. Los intereses creados fueron siendo vencidos, tecnologías nuevas y más acordes con la potencialidad del país fueron introducidas por empresarios dignos de este nombre, la banca pudo finalmente cumplir con su papel independiente de manejo de riesgos y el mercado de valores experimentó un crecimiento notable.
Bajo esta forma vetusta de organizar la actividad económica que prevaleció durante treinta años en España y que estoy describiendo se esconde una corrupción básica y profunda. No se trata sólo de que bajo regímenes administrados quepa el amasar fortunas desproporcionadas que no responden a lo aportado a la sociedad sino que, se trata, sobre todo, de la connivencia descrita que es la que hace posible en gran escala lo que vulgarmente se llama corrupción y la que escamotea cualquier oportunidad de discutir democráticamente el plan de desarrollo diseñado por el gobierno y sus amigos o la distribución de las posibles ganancias que, a falta de discusión y claridad, acaba siendo puesta en práctica por el gobierno según la fuerza relativa de sus aliados.
Es esta corrupción básica y profunda (revelada, como diría Hayek, en que la verdad ha hecho mutis por el foro y en que no hay autonomía para el desarrollo del propio proyecto de vida) la que imperó, e impera, en Latinoamérica y que le llevó al desastre económico en la década perdida hasta que se inició la apertura como estrategia económica para el desarrollo, y la que, con ingredientes diferenciales conforma el eje básico de la estrategia de los países del sudeste asiático que ha dado en denominarse "crony capitalism", o capitalismo de amigotes en traducción libre.
Y con todos los matices que se quiera, esta corrupción básica impide o bien la constitución del capital humano o bien el acceso al poder de las clases educadas y constituye un freno objetivo a la circulación de las élites y, en consecuencia, al rejuvenecimiento de las ideas y, finalmente, al desarrollo económico.
Nada de lo dicho hasta aquí es novedoso en sí mismo. Lo que es menos conocido es el papel que puede jugar el propio mercado en la eliminación de esta corrupción básica y en el desmantelamiento de las barreras a la creación de riqueza. Y es poco conocido a pesar de que es precisamente este papel el que centra la defensa propiamente liberal del mercado que va más allá de la defensa neoclásica basada en los teoremas fundamentales del bienestar, y que a diferencia de ésta tiene en cuenta el autoritarismo que siempre estará asociado al Estado aunque éste nazca de la soberanía popular, debido precisamente a la captura del mismo ya sea por las llamadas clases dominantes o por los propios funcionarios.
Esta regeneración ocurrió en España a principios de los sesenta en un primer momento y, más en serio, desde principios de los ochenta. En latinoamérica se ha iniciado en los noventa. En ambos casos el proceso de saneamiento comienza con la apertura al exterior y con la liberalización del comercio, es decir dejando que funcione el mercado; pero el proceso no culmina mientras sea posible la devaluación. ¿Por qué? Porque ésta es una manera de ir tirando sin preocuparse de las mejoras en productividad que son necesarias para competir y que sólo pueden alcanzarse cuando las nuevas élites incorporen al proceso productivo su capital humano y su más elaborada cultura del riesgo.
El caso del sudeste asiático muestra con evidencia palmaria la incompatibilidad entre un tipo de cambio fijo y el capitalismo de amigotes ante la fuerza profiláctica de los mercados. La connivencia mencionada, además de haber llegado a ser negativa para el propio desarrollo, genera un problema típico de azar moral. Los inversores trasladan capital a corto plazo a los bancos asiáticos atraídos por un altísimo tipo de interés y tranquilizados tanto por las reservas acumuladas en los bancos centrales como por la garantía implícita otorgada por el gobierno frente a cualquier crisis de solvencia de los bancos.
Esta es una situación explosiva. Da igual cual sea su detonante. Una vez que el inversor sospecha la inoperancia de esa garantía retira sus fondos, las reservas bajan en un deseo de frenar la devaluación y cualquier anuncio de subir todavía más los tipos de interés para frenar la sangría, es totalmente increíble y contraproducente. La devaluación se hace imparable y ya está.
Los tres casos examinados muestran, en negativo y en positivo, la capacidad de los mercados para derribar las barrera al desarrollo. En España y en Latinoamérica la connivencia entre gobierno y empresarios duró y dura mucho porque la única influencia de los mercados fue a través de la apertura al exterior en una época en la que los movimientos de capital eran escasos (debido a la falta de instrumentos, de mercados y de tecnologías) y en la que la posibilidad espúrea de la devaluación permanecía activada. En el sudeste asiático esta corrupción básica ha durado menos, sin duda por el sistema de tipo de cambio fijo, pero también porque la movilidad del capital estaba potenciadas por la variedad de mercados y por los instrumentos nuevos nacidos al socaire de la tecnología de la información.
La lección más importante que nos ha enseñando la crisis financiera del sudeste asiático que se inició en el verano del 97 es que la libertad del mercado ayuda a que el capitalismo de amigotes sea reemplazado en un tiempo record por un capitalismo anónimo que ha permitido superar la crisis y seguir creciendo. El punto crucial, dada la libertad general de movimientos de capital, es elegir entre tipo de cambio fijo y corrupción básica.
Si se opta por el primero, la corrupta connivencia vigente acabará disolviéndose, circularán las élites y se creará riqueza. Si por el contrario, se quiere exprimir la situación vigente todavía más, el sistema de cambio fijo es insostenible. Todo esto arroja alguna sospecha sobre quienes se oponen a la dolarización en Latinoamérica: quizá no son defensores de la soberanía nacional sino de la oligarquía retardataria local.
Todavía constituye un aviso sobre los límites del Gobierno en las democracias consolidadas de la Europa en la que estamos inmersos: el Gobierno no podría sostener mucho tiempo un capitalismo de amigotes aunque quisiere. Y, finalmente, debería poner coto a los deseos de limitar la libertad de movimientos de capital.
Estas ideas históricas que parecerían fuera de lugar en un capítulo dedicado al Estado son de hecho pertinentes a la hora de encarar tanto el tamaño de los distintos estados nacionales como el ámbito de cualquier estado tal como haremos en las siguientes secciones de este capítulo que se presentan como partes separadas.
Para terminar este apartado de esta parte introductoria voy ahora a destacar cómo las nuevas tecnologías (TIC) van a ser capaces de combatir este capitalismo de amigotes.
Tal como dije en Urrutia (2004 c), Internet es capaz de ir tejiendo redes identitarias entre cuyos nodos hay confianza mutua, y de ir solapando unas con otras hasta que, en el límite, cada nodo está enlazado con cualquier otro nodo y en ese límite los costes de transacción se han evaporado y la competencia perfecta se había hecho realidad. El monopolista se comportará como un competidor perfecto.
A nuestros efectos esto quiere decir que la pandilla de amigotes que creen haber capturado el Estado, conforman como un hub y que éste no tiene nada que ofrecer pues todos los demás consumidores están conectados entre sí. De hecho el hub cuando existe es porque tiene alguna ventaja en paliar la desconfianza mutua pero ésta se ha disipado del todo en la red que visualizamos en el límite. El corolario político es ahora obvio. En la red-límite nadie tiene poder, ni siquiera el grupo de amigotes. Se tiene poder cuando se puede infringir un daño a los demás retirándose y esto no ocurre en la red-límite.
Un consumidor cualquiera incluido el padrino de la pandilla puede retirarse sin que eso afecte a las oportunidades de los demás. El padrino mencionado se dará cuenta de que no cumple ninguna función socialmente útil porque no hay ninguna que cumplir cuando la confianza mutua está generalizada tal como muestra la presencia de todos los enlaces posibles. Su amenaza de retirarse no importa.
Dando un cierto salto lógico y disciplinar yo me atrevería a aventurar la sugerencia de que los neoconservadores de un lado u otro del Atlántico, seguidores más o menos fieles de Carl Schmitt que pretenden hacer valer el poder y/o la fuerza para organizar la convivencia de una manera definitiva que naturalmente consagra ese poder y/o esa fuerza, son como los hubs sin función social en el límite. Sobran y su poder es inexistente.
En consecuencia su deseo de parar la historia es un mal sueño. Son como monopolistas que desearían perpetuar su poder de monopolio, pero que ven sus deseos frustrados por la imposibilidad de materializarlos en un mundo en que no hay costes de transacción y en donde, análogamente, la confianza mutua permite no contar para nada con el monopolista.
Trataré ahora de formalizar un poco más la idea de la potencia profiláctica de los mercados generalizándola un poco. La generalización está ya implícita en muchas observaciones realizadas en el capítulo anterior.
Cuando hablamos de los mercados y de sus virtudes nos estamos refiriendo, más en el fondo, a la iniciativa privada que, de hecho, es la que no sólo usa los mercados; sino que los crea a partir, como vimos, de contratos bilaterales que se van generalizando. Pero esta iniciativa privada no sólo actúa creando o usando mercados; sino que también funciona si le dejan en el ámbito de las instituciones, sea creándolas, sea gestionándolas.
Cuando a veces (aunque los libros de texto cada vez ponen menos énfasis en esto) hablamos de fallos de mercado nos estamos refiriendo a situaciones en los que los incentivos privados no están alineados con los intereses públicos. En competencia perfecta sin externalidades ni bien públicos, esta alineación se da y el coste marginal privado coincide con el coste marginal social; es decir nadie impone a otros algo que no lo pague él.
Como es bien sabido cuando hay externalidades este no es el caso y el coste social es mayor que el privado cuando la externalidad es negativa o al revés si la externalidad es positiva; es decir el incentivo privado a producir y vender una unidad más, ya que el precio excede al coste marginal privado, no coincide con el interés social que por ejemplo, podría sufrir un incremento de coste, mayor que el precio que pague por esa unidad. También es bien sabido que en este caso de externalidades no hay grandes problemas informacionales y que un Estado puede poner impuestos u otorgar subvenciones que vuelven a alinear el incentivo privado con el interés social.
Sin embargo cuando la situación se refiere a un bien público en cuya provisión no hay posibilidad de exclusión y en cuyo consumo no hay rivalidad posible porque todos consumen el total del bien, la alineación de incentivos e intereses ni ocurre ni parece fácil de recuperar. Tradicionalmente se ha puesto como ejemplo de estos bienes públicos la defensa nacional, los fuegos artificiales o los faros y, más recientemente, la propia competencia. El problema aquí es más complicado.
Por un lado tenemos que el beneficio marginal social, que es la suma de la voluntad marginal de pago de todos los usuarios, es mayor que el coste marginal individual con lo que, si pudiéramos cobrar a todos el coste marginal, el coste social sería mucho más pequeño que el privado (el beneficio social mucho mayor que el privado) y se infraproduciría necesariamente.
Por otro lado y a diferencia del caso de las externalidades en el que el Estado puede saber cuanto hollín pasa de mi horno de pan a la ropa tendida de mi vecino, en el caso de un bien público, el Estado no puede saber cual es la voluntad marginal de pago de cada usuario ni puede aspirar a que se la confiesen porque hay un obvio incentivo del usuario a infravalorarla sabiendo que en cualquier caso no le pueden excluir de su uso o racionárselo.
En este caso no se trata de que el Estado, que existe por las razones que fuere, podría arreglar las cosas mediante pequeños parches al funcionamiento normal de un mercado con propiedad privada de los medios de producción e iniciativa individual; sino que esta última no entrará nunca a producir un bien público; sino que éste tiene que ser producido colectivamente, y aún así con dificultades, pasando de esta forma la presencia de bienes públicos a formar parte del catálogo de razones para la existencia del Estado, que no sería sino la forma que toma la iniciativa colectiva.
Desde que Samuelson expuso estas ideas con nitidez en 1956 se desarrolló un gran esfuerzo15 en encontrar formas en las que el Estado podría obtener la información exigida mediante mecanismo de interacción entre el Estado planificado y el usuario que envolvieran un intercambio de información por dinero (referido al pago que tendría que hacer por el uso del bien público).
En general estos algoritmos conseguían extraer la información adecuada (o, como se dice, la revelación de la verdadera voluntad marginal de pago) a cambio de un coste presupuestario. Estos algoritmos muy propios del aspecto ingenieril de la tradición neoclásica nunca, o raramente, se han puesto en práctica y la provisión de los bienes públicos se ha llevado a cabo de muy diversas maneras que se han ido decantando con el paso del tiempo y que no excluyen algunas iniciativas privadas. Coase ofreció en 1974 un magnifico y detallado ejemplo de esto último relatando con detalle la historia del servicio de faros en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Unos comentarios al respecto nos llevarán hasta la enunciación de un principio que ha de presidir este capítulo.
El ejemplo de los faros de Coase muestra de entrada que la propiedad pública del productor del bien público no es necesaria pues a lo largo de la historia la iniciativa privada construyó y operó muchos faros seguramente porque ello constituía un buen negocio. Para que lo fuera era necesario que las tarifas que habrían de pagar todos los buques que arribaran a puerto y que estaban fijadas por una autoridad estatal, fueran suficientes, cosa fácil de garantizar si esa autoridad central contabiliza el tráfico marítimo y controla los costes de operación y construcción.
Lo primero es muy sencillo y lo segundo tampoco es difícil si la construcción y operación exigen una licencia otorgada por una u otra autoridad estatal y solicitada por los usuarios. Es de suponer que éstos la solicitarán si son "incentivados" a hacerlo por el que quiera ser dueño de un faro que acabará entregando cantidades diferentes a cada usuario para que solicite la licencia correspondiente. Como observamos fácilmente el usuario acabará pagando por el uso del bien público un precio personalizado, diferente al pagado por otro usuario, aunque la tarifa que acabe fijándose sea común. Lo interesante es que la iniciativa privada ha sido capaz de organizar de manera social lo que los algoritmos ingenieriles descubrieron más tarde que habría que hacer16.
Este ejemplo tiene varios corolarios y comentarios. El primer comentario, meramente erudito, es que esta fuerza institucional de la iniciativa privada está ya en la Riqueza de las Naciones aunque, al estar en la parte que Smith dedica al desarrollo, no se suele reparar en ella cuando se habla de la mano invisible que se limita a los mercados17.
Un corolario obvio es que no se puede utilizar la naturaleza pública de algunos bienes como justificación del Estado. Hemos mencionado en varias ocasiones que Greif ha mostrado que el intercambio diferido en el tiempo puede sostenerse sin Estado. Ahora vemos que éste tampoco es necesario para la provisión de bienes públicos. No nos debiéramos extrañar, por lo tanto de que, de acuerdo con la metáfora que desarrollamos en el capítulo anterior, el mercado vaya ganando terreno al Estado.
El corolario más importante, sin embargo, es uno que va a constituir el principio que denominaré como el de las virtudes alineadoras de la iniciativa privada y que va a jugar un papel central en las siguientes secciones de este capítulo cuando tratemos de desmontar el capitalismo de amigotes, cuando pongamos en tela de juicio el ámbito y el tamaño del Estado y cuando reflexionemos sobre la defensa de la competencia.
En esta primera parte de este capítulo sobre el Estado, el argumento se ha centrado en dos ideas preliminares pero cruciales identificadas por el título de los dos apartados de los que consta: la soberanía popular y la competencia. La primera idea trata de salir al paso de la concepción conservadora del Estado que, sin llegar a ser totalitario, presenta unos preocupantes ribetes autoritarios incompatibles con la libertad que desencadena la creatividad.
La segunda idea pretende alertar sobre el peligro de que el Estado sea capturado de formal tal que, lejos de preservar la competencia, acabe colaborando en la conformación del capitalismo de amigotes, una verdadera lacra. La pregunta que centra esta primera entrega sobre el Estado es, por lo tanto, en qué medida el conservadurismo y el capitalismo de amigotes pueden sostenerse, medrar o fracasar ante un futuro dominado por la información, las nuevas tecnologías o la globalización.
En cuanto a la idea del Estado se ha destacado la tensión entre conservadurismo y liberalismo. Por un lado, esa tensión que tiene su origen en Hobbes, pierde virulencia ante las TIC y en el seno de la sociedad de la información.
Las primeras son muy útiles para generar comunidades identitarias enlazadas por la confianza mutua que elimina el recelo existente en el estado natural. La segunda hace que la información acumulada respecto a la manera de ser y actuar de cada sujeto permita planteamientos relativos a la tensión entre conservadurismo y liberalismo menos artificiosos que el representado por las soluciones de ese dilema del prisionero que podría tomarse como representativo del estado de naturaleza en el que se plantea el problema de la legitimidad de la llamadas leyes naturales.
Esta información generosamente disponible hace también que las dificultades de la delegación que Hobbes cree ver por debajo del poder de Leviatan, o el problema que la existencia de muchos principales plantea a la relación de agencia que subyace a la figura del Estado cuando se entiende la soberanía popular como la forma de "completar" un contrato incompleto, pueden contemplarse con un cierto optimismo.
En relación a la competencia que el Estado debería tratar de preservar a fin de alentar la creatividad que subyace a toda prosperidad económica, las nuevas tecnologías (TIC) y la información en general pueden ayudar a que el capitalismo de amigotes se desestabilice y a que la iniciativa privada despliegue su capacidad de alinear incentivos privados e intereses sociales. Esto último deviene más fácil cuanto más información haya disponible y por lo tanto deja de ser un problema real en la sociedad de la información en la que la gestión privada de los servicios públicos puede llegar a ser una costumbre rutinaria.
Y en cuanto al capitalismo de amigotes y a la actitud conservadora en general se transforman en instancias sociales imposibles en un contexto en el que el netweaving propio de las TIC ha conseguido el contacto de todos con todos. En una situación así el poder ha encontrado su límite y no puede ejercerse.
También la globalización va a tener influencia sobre los problemas tratados en esta parte o sobre otros que derivados de éstos, serán tratados más adelante. Como la globalización puede facilitar el terrorismo o hacer de la inmigración algo rutinario, las soluciones conservadoras aparecen como más intuitivas que las liberales que se asocian al presuntamente contraproducente apaciguamiento o al denostado hoy pluralismo cultural. Sin embargo iremos viendo como las nuevas tecnologías van a ir cambiando esa intuición.
1. Ver también a este respecto Urrutia (1992 a) que se reproduce en el libro La Mirada del Economista. Una biografía intelectual de un filósofo mundano de los 90.En esa pieza se hace referencia a Urrutia (1992 b) que se recoge en el libro citado.
2. Se trata de Vallespin (1990 b)
3.Ideas que provenían del trabajo de Urrutia publicado en Telos el año 2000
4. Esta famosa cita se encuentra en el Cap. XIII del Leviatan de Hobbes , en la edición que menciono en las referencias
5. Ver D.P.Gauthier (1969)
6. Hay que contrastar estas ideas con otras más cercanas a la idea de evolución espontánea que no parecen exigir un Leviatan para garantizar el orden en una comunidad. A estos efectos véase un trabajo sobre la fraternidad en Aristóteles aparecido en Telos y citado en la nota 3.
7. Para entender ese conservadurismo americano ofrezco a continuación una revisión apenas extendida de mi trabajo "A propósito de Schmitt" que apareció en Expansión, ver Urrutia ( 2004 a)
8. Ver Vallespin (1990c)
9. Ver las referencias
10. Ver el trabajo de Germán Gómez Orfanel, "Carl Schmitt y el decisionismo político" en Historia de la Teoría Política, (1990) , F. Vallespin , de donde saco la cita de Schmitt.
11. Cabría objetar que según Schmitt es soberano quién decide cuando una situación es excepcional mientras que en el texto parece ser soberano el que decide lo que se hace en ese estado de excepción. Un poco de reflexión nos hace ver que un soberano que no puede actuar después de haber declarado el estado de excepción no es tal y que quién pudiera hipotéticamente actuar en situaciones extremas no lo hará "legítimamente" si no se ha declarado dicho estado o estará condicionado en su actuación si no es él quien lo declara.
12. Este mismo argumento fue utilizado en la parte del cap. II.1 relativa a la propiedad privada a fin de entender cómo es posible concebir la propiedad privada de la ciencia.
13 He aquí la idea de delegación que es como una relación agente/principal y, por otro lado, sirve como un sustituto de la incapacidad de compromiso entendido como committment (ver Olivella). Ni que decir tiene que los problemas de la delegación, que los tiene, así como los que aparecen en la relación de agencia cuando hay muchos principales, como sería el caso de la soberanía popular cuando el pueblo deja de ser una mera licencia retórica, se suavizan con la abundante información existente en la sociedad de información.
14 Para hacerse una idea asequible del modo de trabajo de Prescott, galardonado con el premio Nobel del año 2004, se puede utilizar Urrutia (2004 b). Lo que sigue está tomado con ligeros retoques de Urrutia (2003).
15 Aunque aquí podríamos acumular multitud de referencias basta con ofrecer la de Groves y Ledyard. Ver referencias
16 La historia de las concesiones de espacio radioeléctrico para la puesta en funcionamiento de los teléfonos móviles de tercera generación, ilustra muy bien la potencia de la iniciativa privada y pone de manifiesto cómo esta iniciativa privada puede colaborar a alinear los incentivos de los operadores a quedarse con parte del mercado y los intereses de los consumidores a disponer de un nuevo medio de comunicación.
17 En efecto el libro V de The Wealth of Nations, está repleto de comentarios reminiscentes de los de Coase sobre faros en relación a la provisión de servicios públicos como la defensa, la justicia, la educación, las obras públicas, e incluso, la propia administración de los ingresos públicos.
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