Juan Urrutia, el autor y el economista
De acuerdo con las ideas generales de esta parte del Capitalismo que viene, podemos constatar una paulatina reducción del ámbito del Estado en la actividad económica junto a la consecuente ampliación del ámbito del Mercado. En esta sección queremos insistir en ese hecho desde dos puntos de vista correspondientes a algunos fenómenos recientes. En el primer apartado mencionaré la emergencia de un Tercer Sector, algo notable que colabora a reducir el ámbito del Estado. En el segundo apartado miraré a las consecuencias no deseadas que pueden llegar a tener otras formas de reducir ese ámbito del Estado como pudieron ser las privatizaciones de empresas públicas y la emergencia de Agencia Regulatorias Independientes (ARIs).
En el análisis de los tres fenómenos mencionados procuraré destacar que la reducción del ámbito del Estado no sólo redunda en el ensanchamiento del ámbito del Mercado; sino también que la iniciativa privada, inseparable de la competencia, coopera eficazmente en la reducción del ámbito del Estado1.
Es tradicional clasificar la actividad económica en Sector Privado y Sector Público aunque sería analíticamente más clarificador clasificarla según las asignaciones se consigan a través del mercado o a través de otros mecanismos asignativos. Ambas clasificaciones no coinciden del todo.
Por un lado, hay actividades del Sector Privado como por ejemplo las actividades benéficas, que producen asignaciones mediante un mecanismo que ni es de mercado ni utiliza los precios. Por otro lado, hay actividades del Sector Público que se llevan a cabo en el mercado y a través del sistema de precios como, por ejemplo, la producción de tabaco en España.
La pregunta relevante es, por lo tanto, porqué algunas actividades pasan por el mercado y porqué otras no. El siguiente marco analítico elemental permite orientar la respuesta. Sea E una clase de entornos económicos y sea 
. Un mecanismo de asignación de recursos, 
, nos da, para cada e, un subconjunto en 
en donde l es el número de bienes y n es el número de individuos. Es decir, el mecanismo nos dice quién da qué a quién: 
A un mecanismo le exigimos propiedades, algunas de las cuales menciono ahora, pero que no describiré pues o bien son conocidas, o bien no nos conciernen en este momento. Un mecanismo de asignación de recursos debería ser consistente, insesgado, eficiente, compatible en incentivos, equitativo, seleccionador del núcleo, etc. Pues bien en ciertas clases de entornos, E, el mecanismo de precios cumple "todas" las propiedades deseadas; pero en otra clase de entornos, E' , esto no es cierto.
Las características de estos entornos E' en los que el mercado no cumple sus funciones con la limpieza que desearíamos gravitan siempre en torno a nociones a las que, en un momento u otro de este trabajo, se les ha prestado, o se les prestará, atención: costes de transacción, incertidumbre, problemas informativos (incompletitud y asimetría), no convexidades (o rendimientos crecientes a escala), externalidades y bienes públicos.
Hay muchos casos en los que esto explica la generación de instituciones privadas que excluyen de su seno el funcionamiento del mercado. Así aparecen, tal como hemos visto en un capítulo anterior, las empresas. Pero así aparecen también, por ejemplo, las uniones de empresas, las integraciones verticales o las cooperativas como forma empresarial especial. En su seno los recursos se asignan mediante mecanismos, llamémosles 
, que no son de mercado y que no coinciden en todos los casos: 
. En general estos mecanismos no son anónimos y ejercen la autoridad y el control.
Hay otros casos (asociados en general a bienes públicos y a no-convexidades) en los que no hay instituciones privadas con asociado que sirvan para solucionar el problema y lo que se genera son instituciones públicas que en su seno asignan los recursos de acuerdo con mecanismos 
que no son de mercado, o no tienen porqué serlo. Estas instituciones públicas a veces asignan bienes directamente (educación, defensa, etc) y a veces los asignan a través del mercado (construcción de buques hoy en España); pero en cualquier caso los 
; no tienen por qué coincidir con los 
.
En este marco analítico se expresa fácilmente una conclusión ya avanzada con anterioridad a través del visitante marciano de H. Simon que se acerca a la Tierra: la mayor parte de las asignaciones (en cantidad o en valor) no pasa por el mercado. De ahí que la preocupación con mecanismos de asignación de recursos no de mercado, o
, no sea trivial. Parte de esta preocupación está reflejada en la Economía de la Empresa. La otra parte se relaciona con el estudio de instituciones públicas o de formas de empresa curiosas.
Esta preocupación general tiene dos aspectos. Primero: qué mecanismos o
son los adecuados. Segundo: estas instituciones ¿son suficientes para eliminar las características del entorno que hacían fallar el sistema de mercado?. En general no y por lo tanto, en este segundo aspecto, nos preocupamos de la ordenación paretiana de las posibles asignaciones. Pero, como veremos en el siguiente apartado de esta misma sección, hay veces que surgen instituciones privadas (que pueden sustituir con ventaja a las instituciones públicas) y que aparecen gracias a la iniciativa privada cuando se le deja funcionar.
Pero más allá de la distinción entre Sector Privado y Sector Público, entre Mercado y Estado, me interesa introducir en este punto lo que se llama el Tercer Sector2. La aparente crisis del Estado del Bienestar, a la que nos referiremos en la parte IV de este trabajo, y la reciente salida a escena de la denominada Sociedad Civil han creado un interés inusitado en el Tercer Sector como una instancia intermedia entre el Sector Privado y el Sector Público. La realidad de cada día nos ofrece, cada vez con mayor densidad, noticias sobre las actividades de las ONG's (Organizaciones No Gubernamentales) que, como su nombre indica, no pueden pertenecer al Sector Público, o de algunas Fundaciones, de las que difícilmente puede postularse el ánimo del lucro propio del Sector Privado.
Es conveniente contar con una descripción de las organizaciones que hoy tramitan enormes transferencias unidireccionales y con una evaluación de la importancia cuantitativa de sus gastos e ingresos. Afortunadamente se han dado pasos en esta dirección. En efecto, en mayo de 1990, la Universidad Johns Hopkins, a través de su Institute for Policy Studies, lanzó un ambicioso proyecto internacional para tratar de describir y analizar la situación comparada del Sector sin Animo de Lucro (Nonprofit Sector) en doce países significativos: seis desarrollados, cinco en vías de desarrollo y uno de lo que era el Este de Europa3. El profesor Salamon, director del citado Instituto, coordinó y animó el trabajo de cientos de especialistas durante 3 años y finalmente, junto con el profesor Anheier de la Universidad Rutgers, ha dado cuenta de los resultados obtenidos en The Emerging Sector. An Overview.
Aunque hay trabajos más recientes éste nos da una idea suficiente para mis finalidades. Según Salamon y Anheier , este sector emergente estaría formado por aquellas organizaciones (no políticas o religiosas) que comparten las siguientes características: (i) estar formalmente constituidas (cualquiera que sea su naturaleza jurídica), (ii) ser organizacionalmente independientes del gobierno (aunque ejecuten las decisiones de éste), (iii) no tener ánimo de lucro, (iv) ser independientes en su gestión y (v) contar, en algún grado significativo, con trabajo voluntario.
Visto así este sector empieza a ser algo descriptible. No incluiría, por ejemplo, agencias gubernamentales, mutuas de seguros, cajas de ahorros, cooperativas, partidos políticos o congregaciones religiosas. Sí incluiría, por ejemplo, instituciones educativas, dispensarios de salud, asociaciones de investigación, asociaciones profesionales, agencias de servicios sociales, clubes recreativos y fundaciones culturales. Incluso podemos avanzar un poco en la determinación cuantitativa de este Tercer Sector así delimitado.
Según el estudio citado, en los siete países4 de los que se dispone de datos completos, este sector alcanza una dimensión no despreciable. En términos de empleo ocuparía a 11.8 millones de empleados y a 4.7 millones de voluntarios, y en términos de gastos contaría con 600 billones de dólares como gasto corriente, un 5% del PIB de los siete países. Estos gastos están muy desigualmente distribuidos por actividades. Hay cuatro actividades que dan cuenta de casi el 80% de estas cifras de gasto. Se trata de Educación e Investigación (24%), Salud (22%), Servicios Sociales (16%) y Cultura y Recreo (16%). También se nos ofrecen datos sobre fuentes de financiación de las distintas actividades. Como media de los siete países considerados tenemos que el 47 % de los ingresos proceden de las ventas del propio sector, el 43% de subvenciones del Sector Público y el 10% de donaciones privadas (incluyendo fundaciones).
Sin embargo, esta estructura de financiación difiere mucho entre actividades. Las ventas son particularmente importantes en educación e investigación (50%), las subvenciones gubernamentales lo son en salud (51%) o servicios sociales (59%) y las donaciones privadas en asistencia internacional (35%). El gasto en Cultura y Recreo está financiado de la siguiente manera: 65 % por ventas, el 21% por subvenciones del sector público y el 14% por donaciones privadas.
La pregunta interesante en relación a este Tercer Sector es si contribuye a reducir el ámbito de los otros dos o si aumenta el de uno de ellos en detrimento del otro. La pregunta no es inocente y su respuesta no es obvia. Para algunos muchas de las actividades que se llevan a cabo en este Tercer Sector representan una carga más para el Sector Público que, en muchas ocasiones según lo visto, complementa los fondos que las instituciones de ese sector emergente pueden atraer de otras fuentes, desembolsando unas cantidades que quizá no hubieran sido desembolsadas en ausencia de las ONG's. Para otros, sin embargo, fundaciones, ONG's y otras instituciones contribuirían a descargar algunas tareas del Estado residenciándolas en la Sociedad Civil. Para la mayoría, este nuevo sector no tiene nada que ver con el Sector Privado; pero para algunos pocos puede ser el comienzo de una nueva forma de asignar recursos no guiada por el beneficio.
Mi punto de vista al respecto es que la emergencia de este Tercer Sector reduce el ámbito del Estado o Sector Público y es como una ceremonia de iniciación hacia la ampliación del Sector Privado. Este punto de vista está basado en dos ideas. La primera idea que sería especialmente aplicable a las ONG's ha sido ya mencionada en este trabajo dos veces. La primera en el capítulo I.2 cuando me preguntaba por la posible privatización de la ciencia y la segunda vez en este mismo capítulo al hablar de la soberanía.
Se trata de la idea de Besley y Ghatak de que si, entre el Estado como inversor y los técnicos, se produce un bien público apreciado sólo por estos últimos, la propiedad de los medios de producción para la producción de ese bien público debiera recaer en los técnicos. No repetiré el argumento ahora; pero si diré que Besley y Ghatak tienen in mente precisamente a las ONG's . Este traslado de la propiedad privada hacia la Sociedad Civil reduce el ámbito del Sector Público aunque no es evidente que eso mejore las asignaciones ni tan siquiera que aumente la autonomía personal de los individuos pues puede ocurrir que haya fallos propios del Tercer Sector o que este se burocratice.
La segunda idea justificativa de mi afirmación de que la emergencia del Tercer Sector reduce el ámbito del Estado o del Sector Público y aumente el del Sector Privado, es no menos intrigante y puede ser explicada más fácilmente si nos circunscribimos al ámbito más reducido del Mecenazgo. En el trabajo que aquí estoy siguiendo pasaba revista a las ventajas o desventajas que dicho Mecenazgo puede tener en relación al Sector Público cuando hay fallos de mercado en el Sector Cultural. Sobre esto ya he hablado en el capítulo II.1; pero ahora se trata de mostrar con mayor claridad cómo un verdadero Mecenazgo debe entenderse como creación de mercados, concentrándonos para ello en la figura de la Fundación.
Comencemos por la explicación obvia del Mecenazgo que se avanza en el trabajo de referencia. El Estado, incapaz de cargar con el creciente coste fiscal del mantenimiento del output cultural, ofrece incentivos fiscales al Mecenazgo que, eventualmente, a medida que la economía se desarrolla, acaban siendo aprovechados por la iniciativa social. Para que la explicación sea completa todavía falta algo, pues no está claro por qué la iniciativa social se acoge a estos incentivos fiscales en lugar de a otros incentivos relacionados con otros campos. ¿Qué tiene la cultura que no tenga, por ejemplo la vivienda y qué hace que florezcan los mecenas en el primer campo y no en el segundo?.
Lo primero que hay que hacer notar es que la cultura es un magnífico candidato para constituir una señal. No cualquier actividad puede constituir una señal. Que un constructor de viviendas promocione unos pisos nuevos pequeños, destinados a la juventud en edad de casarse, no es una señal de que el constructor sea un mecenas del matrimonio puesto que esa es la actividad que sería racional que realizara en cualquier caso. Sin embargo, que el constructor de viviendas regalara su promoción sí sería una señal de que es algo más que un constructor de viviendas puesto que, para un agente económico tal, es irracional regalar viviendas.
Muy a menudo la señal es más ilustrativa. Por ejemplo, si estudio un doctorado estoy señalando que soy inteligente pues, de lo contrario, el coste de obtener dicho título sería, racionalmente, prohibitivo. Pues bien, el caso de los gastos unidireccionales en cultura de una empresa son un caso intermedio. Es una señal de que soy algo más que una empresa, por ejemplo, financiera. Pero no cualquier "otra cosa" sino que esa "otra cosa" está relacionada con mi gusto por ese bien que llamamos cultura y que sólo se aprecia con su uso. Señalo pues que tengo un status especial: el de degustador de la cultura de toda la vida.
Vemos pues que el hecho de gastar en cultura, de ser un mecenas, tiene que ver con el status y, en definitiva con la reputación. Pero, ¿por qué querría una empresa tener reputación de mecenas?. La contestación más sencilla es que esa reputación es un magnífico soporte publicitario, algo así como los marmóreos patios de operaciones de los Bancos de antaño y que, como la publicidad en general, se efectúa, en gran parte, porque lo hacen los competidores. Nos encontramos así en una situación que los economistas llaman de equilibrio en señales y que puede tener una característica notable consistente en que, de hecho, las empresas mecenas estén gastando demasiado en el Mecenazgo cultural. Es decir, que gastan más de lo que gastarían si el Mecenazgo no tuviera esa característica de constituir una señal. Retengamos esta posible característica como un ejemplo de fallo del Mecenazgo que difícilmente se podría dar en el Sector Público, ya que el Ministerio de Cultura ni se inquieta por su reputación como regulador de la cultura ni tiene competidor a quién emular.
Mal o bien, se acaba de ofrecer una cierta explicación del Mecenazgo, pero quizá sea posible añadir todavía algunas ideas adicionales y alguna hipótesis arriesgada. La explicación anterior no da cuenta de por qué muy a menudo el Mecenazgo empresarial (o individual) adopta la forma fundacional. Aquí hay que hacer una distinción elemental entre Fundaciones con un capital fundacional inicial y Fundaciones que viven de una aportación periódica. El por qué de una u otra es muy diverso.
El primer caso es muy fácil de racionalizar en el contexto de las ideas que acabamos de manejar. En efecto, un equilibrio en señales puede no ser estable debido a que las señales pueden no ser creíbles, en cuyo caso alguna empresa acabará por dejar de emitir la señal, dejará de ser un mecenas. Por lo tanto, una empresa que realmente quiera señalarse a sí misma como un verdadero mecenas tiene un incentivo a comprometer su aportación a la cultura para siempre. Para eso establece una Fundación con capital fundacional irreversible. Ni que decir tiene que puede surgir un equilibrio de Fundaciones como caso particular del equilibrio en señales que antes se mencionaba y en el que, como en ese caso, también se puede dar un exceso de inversiones en Fundaciones.
El segundo caso, el de una Fundación con aportación periódica, es una cosa distinta. Aquí no hay compromiso alguno a seguir siendo mecenas y por lo tanto el equilibrio en señales o bien no surge o bien es poco estable. Por lo tanto, esperaríamos ver una gran rotación de este tipo de Fundaciones que aparecen con una finalidad, desaparecen y vuelven a aparecer con otra.
Merece la pena continuar el argumento indicando que hay Fundaciones, clasificadas en cualquiera de las dos clases anteriores, que podrían calificarse, de forma poco rigurosa y más bien caricaturesca, de Fundaciones de Visionario. Se trataría de alguien que inmoviliza un pequeño capital, o "asegura" (comprometerse a) una dotación anual pequeña, para llevar a buen puerto cualquier iniciativa encomiable. Este alguien no está señalando nada relevante, pero se siente legitimado para recabar fondos para su Fundación y muy a menudo los obtiene.
Esta mención a las Fundaciones de Visionarios conduce a continuar con el examen de lo que podríamos llamar fallos del Mecenazgo, en el mismo sentido que se habla de fallos del Mercado o del Estado. En todos los casos se trata de la existencia de incentivos a pervertir la finalidad originaria de cada institución. Ya ha sido mencionada la tendencia a sobreinvertir en Mecenazgo como señal, pero las Fundaciones de Visionarios nos alertan sobre un fallo distinto. Son un ejemplo clarísimo de "buscadores de rentas". Los Visionarios tratarán por todos los medios de complementar el poco dinero que ellos comprometen mediante las aportaciones del Sector Público y de otras Fundaciones. De esta forma, el Visionario no sólo hace como si trabajara a favor de una buena obra (cosa que, a veces, incluso hace) sino que, sobre todo, se gana la vida. El Visionario se convierte, demasiado a menudo, en avispado intermediario y, de esta forma, se corre el peligro de que se vaya creando una verdadera profesión de aprovechados.
Esta actividad de "buscar rentas", que amenaza no sólo al Estado sino también a cualquier mecenas y a cualquier Fundación, no se ejerce solamente por los promotores de Fundaciones de Visionarios. De hecho, cualquier individuo familiarizado con la provisión de uno u otro bien colectivo, tiene incentivos a movilizar algún recurso para conseguir hacerse, de una u otra manera, con los amplios recursos que el Estado, los mecenas o las Fundaciones dedican a la provisión de ese bien colectivo. Por ejemplo, los mismos artistas o los grupos teatrales tendrían un incentivo a invertir más de lo debido en prepararse para ganar muchos de los concursos, o acceder a muchas de las subvenciones, que se convocan en su entorno.
Este peligro de caer en las redes de los "buscadores de rentas" constituye una verdadera plaga contra la que es imposible inmunizar al Estado o al mecenas o a una Fundación. Quizá la única manera de paliar sus efectos nocivos sería el establecimiento de una verdadera competencia entre mecenas o Fundaciones (esto, claro está, no se aplica al Estado) en una primera aplicación del principio de las virtudes de la alineación de incentivo. Esto debería ser fácil en el Patrocinio puesto que, en este caso, hay una empresa que se preocupa de su beneficio y que espera que los gastos de Patrocinio en las que incurre acaben mejorando su imagen y, a la postre, su beneficio.
Nos encontramos así con la paradoja de que para que unas actividades aparentemente altruistas acaben realmente haciendo algo positivo, es necesario, a efectos de evitar la plaga de los "buscadores de rentas"", que sean sometidas a la disciplina del Mercado, o más en general, de la competencia y de la iniciativa privada. Pero ¿quién podrá ejercer esta disciplina cuando no se trate de Patrocinio, sino de Mecenazgo propiamente dicho?.
La respuesta a este último interrogante sólo puede ser una: el mecenas o el fundador de verdad. Las figuras de Cosme de Medicis o del Papa Julio II han distorsionado mucho, con su estatura, la imagen de un mecenas. Es difícil de ver en ellos creadores de mercado de "cellinis" o "michelangelos" ya que es casi imposible contemplarlos de la misma forma que Renoir veía al marchando Vollard:
Fue el primer protector de los impresionistas. No compraba nuestros cuadros como especulación. Su única idea era ayudar a sus amigos tanto como fuera posible y lo hizo de un modo admirable, pues sólo se quedó con aquello que resultaba invendible5
La diferencia entre aquellos grandes mecenas y este marchante es que mientras aquellos adornaban sus estancias con maravillosos bienes culturales, este último pone en circulación esos bienes culturales convirtiéndolos en "mercancías". Sin su existencia una escultura no sería un activo cultural. El mecenas se convierte en un creador de mercado.
Esta característica del mecenas podría parecer un poco ramplona a quién posea una concepción sagrada de la cultura, pero yo creo que tiene algunas ventajas. Primera, acerca la figura del mecenas a la de un empresario schumpeteriano que, en lugar de retirar recursos de sus usos actuales y dedicarlos a generar un nuevo producto o un nuevo proceso, lo que hace es trasladar recursos hacia la creación de un Mercado (tal como ya imaginamos en el capítulo anterior), a fin de conseguir transformar un "bien" en una "mercancía". Si el valor social del empresario le viene dado por constituir un vehículo del progreso técnico, el valor social del mecenas consiste en conformar un vehículo del progreso cultural.
Segunda, vistos así, los mecenas, y las fundaciones en las que ellos plasman su compromiso, no tienen más remedio que ser vanguardistas como fue Vollard en su momento. De lo contrario, no serían mecenas sino otra cosa: coleccionistas, clientes especiales, almacenistas, reguladores de los flujos del mercado del arte o quizá especuladores. Una tercera ventaja de concebir al mecenas como un creador de mercado es que así se le ubica en la corriente liberalizadora hoy en boga. Pero, ¿tiene esto sentido histórico?
Quizá merezca la pena, para cerrar estos comentarios, elaborar una pequeña conjetura histórica. Muy a menudo, los economistas analíticos razonan como si el Mercado fuera un fenómeno natural que ha tenido que ser parcheado a lo largo de la Historia por el Estado debido a fallos que, con la sensibilidad de los tiempos, devienen intolerables. De hecho, la Historia parece haber recorrido el tiempo en sentido inverso. Al principio, los recursos se asignaban por el Soberano y sólo poco a poco se fue abriendo camino el Mercado que, en este sentido, sería un fenómeno, cultural y no algo natural.
Para los economistas analíticos, el horizonte del pensamiento sería, paradójicamente, el Mecenazgo, mientras que para los observadores de la Historia ésta parecería llevarnos al reinado del Mercado. El papel histórico del Mecenazgo varía para una u otra concepción. Para los unos el Mecenazgo sería realmente la superación de la idea de Estado y plasmaría el dominio propio de la Sociedad Civil que estaría organizada según algún principio de generosidad diferente al del beneficio. Para los otros la única funcionalidad del Mecenazgo sería la de crear mercados allí donde faltan.
En mi opinión esta segunda concepción es más acorde con la Historia. Los mecenas del Renacimiento eran Estado. Los mecenas de hoy están llamados a introducir en el proceso de circulación mercantil aquellos bienes que hasta el momento no funcionan como mercancía, generalizando así su disfrute: ¡Nada menos!.
Para terminar con esta sección es conveniente mencionar en este punto el interés que para el Sector Público y para el Tercer Sector pueden tener las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) así como la creciente dimensión de la sociedad de la Información. Bastarán tres pinceladas. La primera es que en la medida de que el Tercer Sector está muy centrado en actividades culturales forma parte de esa Sociedad de la Información y que, en cuanto que ésta representa el futuro para la iniciativa empresarial privada, hemos de esperar que el Sector Privado vaya haciéndose con estas actividades culturales sacándolas del control del Estado.
La segunda pincelada tiene que ver con la mejora en la administración, no sólo de las empresas; sino también de la administración pública que encarna el Sector Público, que necesariamente llegará a caballo de las TIC. Esto se empieza a notar y contribuirá significativamente a la transparencia y a la sensación de amplitud en el ámbito de decisión libre y no coaccionada que Hayek ha asociado siempre al Mercado.
La última pincelada es la más especulativa. Pero parecer evidente que el uso de las TIC va disminuir significativamente el periodo de paso de la cultura desde la concepción de bien sagrado a mercancía que el mercado puede proveer . Esto puede tener algún efecto secundario poco apreciable (como pudiera ser la trivialización de un museo) pero colabora en el ensanchamiento del Sector Privado, en la intensificación de la competencia y de su espíritu y, en consecuencia, amplía nuestro ámbito de libertad.
Es imposible hoy en día no ser consciente de dos críticas complementarias que se hacen al Estado y de las que hemos hablado desde la introducción a este capítulo. La primera crítica es de raíz liberal y pone en duda el diametro del ámbito del Estado. Este diametro será demasiado grande como para permitir que la libertad individual se despliegue fructíferamente ya que habría demasiadas decisiones que el aparato del Estado toma por los ciudadanos y cada uno de nosotros va renunciando poco a poco al ejercicio de la libertad individual. Los liberales, tal como hemos atribuido a Hayek, consideran que este estado de cosas enerva la responsabilidad individual y propicia la degradación del ciudadano en mero súbdito y, en resumidas cuentas empobrece.
También se escucha otra crítica al Estado, esta vez de raíz comunitarista. En este caso lo que se pone en tela de juicio no es tanto el ámbito como el tamaño del Estado. Aunque históricamente el Estado nace como estado nacional, lo cierto es, diría este tipo de crítica, que tal como lo conocemos el Estado actual no coincide siempre con lo que se podría denominar una comunidad nacional y, al final, resulta ser demasiado ancho para asuntos propios de esta comunidad política que lo sustenta y, simultáneamente, demasiado estrecho como para lidiar con las relaciones que inevitablemente se establecen entre las comunidades nacionales de distintos Estados.
Ambas críticas me parecen útiles y, de hecho, forman ya parte del pensamiento convencional que se pregunta no sólo por el ámbito del Estado, sino también por cómo determinar el tamaño y el número de los estados de este planeta. Hablamos de estas dos críticas en esta sección y en la siguiente respectivamente. En lo que queda de la presente vamos a estudiar una faceta relevante del ámbito del Estado que comienza por reflexionar sobre un tema técnico y sus implicaciones. Veamos.
a sabemos que si un Gobierno no es capaz de comprometerse fehacientemente a hacer algo pues ese algo no es creíble (no constituye una estrategia -del Gobierno- que forme parte de un equilibrio perfecto en subjuegos o no es intertemporalmente consistente para el Gobierno, en terminología propia de la teoría de juegos o de la programación dinámica respectivamente) encargamos ese algo a una institución independiente gobernada por alguien para quién ese algo sí es creíble.
Por simple que parezca esta es la base conceptual sobre la que se construye la autonomía de los bancos centrales y la que justifica el florecimiento de Agencias Regulatorias Independientes (ARIs) cuya nómina se alarga sin límite y de las que hablaremos en esta sección. Se trata de un argumento tan familiar para cualquier economista al tanto del desarrollo de su disciplina que no nos damos cuenta de un posible problema técnico. El problema de credibilidad existe, sin duda, pero es un problema del Gobierno, no del Estado, y su solución también existe: el propio Estado, que no hay que confundir con el Gobierno.
Si tenemos que acudir a una Agencia Independiente a fin de mitigar los efectos de un problema de Gobierno es que ya ni nos acordamos del Estado y creemos que Estado y Gobierno son lo mismo. Prueba de esta confusión es, por ejemplo, que abogados y economistas del Estado solían ser grandes profesionales que, además, trabajaban para el Estado desde secretarías técnicas que permanecían al socaire de los vientos del ciclo político y del relevo de unos partidos por otros. Hoy, muchos miembros de estos cuerpos de élite trabajan para las consultoras que se encargan de hacer el trabajo que antes hacía el Estado. Estado y Gobierno no eran lo mismo. Si ahora se confunden debe ser porque el Estado ha muerto o está enfermo. También hablaremos de esto en esta sección.
En el inicio de esta sección hacíamos referencia, dentro de lo que llamábamos el diámetro del ámbito del Estado a su posible exceso contrario al despliegue de la autonomía individual y acabo de mencionar una posible confusión entre Estado y Gobierno. Ahora veremos en qué medida las privatizaciones pueden ser una solución al exceso de ese diámetro y qué significa la proliferación de Agencias Regulatorias Independientes (ARIs). Ambas cosas nos llevarán a dibujar lo que podríamos considerar como un Estado mínimo.
Comencemos por recordar y descartar algo elemental destacado por Emilio Albi en su libro Público y Privado. Si con la privatización de empresas públicas se pretende reducir el endeudamiento, la carga de la deuda y finalmente el déficit publico, el intento puede ser fallido. Si la rentabilidad de la deuda es igual a la del capital empresarial, el efecto favorable de reducción del endeudamiento se compensa con el efecto desfavorable de no cobrar el excedente de la empresa pública. Por lo tanto un programa de privatizaciones sólo tiene sentido, desde este primer punto de vista, si se espera la mejora inminente de la productividad empresarial y esta expectativa acaba reflejándose en el precio de venta.
Sin embargo no es éste punto de vista decisivo ni siquiera el más importante. Lo realmente relevante desde el punto de vista socioeconómico, tal como también alerta Albi, es el cambio en la relación de agencia, de forma que el principal de esa relación deja de ser el Estado y pasa a ser el accionista -o quién lo represente. Este cambio trae consigo una renovación del sistema de incentivos, que ahora tendrán que orientarse a crear valor para el accionista. Lo que necesitamos saber es si esto mejora la eficacia de las empresas, pues podría ocurrir que las presuntas ganancias en productividad no hicieran sino ocultar aumentos de los precios o disminución del coste salarial total debidos, respectivamente, a elementos monopolísticos residuales y a ajustes de plantilla o salariales.
La Porta y López de Silanes7, han efectuado un estudio exhaustivo del programa de privatizaciones no financieras en Méjico entre 1983-1991. Tomando como indicador de la mejora en eficacia de las empresas la relación entre ingreso operativo y ventas muestran cómo las privatizaciones han generado un 24% de aumento en esta relación. Ahora bien, de este incremento, un 5% se debe al aumento en los precios y un 31% a los despidos que ocurrieron después de las privatizaciones. Queda un 64% que cabe atribuir a mejoras en la productividad.
No hay un estudio similar para España ; pero quizá quepa decir algo al respecto basándonos en el trabajo de Nicolás Hernández y Lucía López de Castro, Privatizaciones, Liberalización y Bienestar, al que habría que acudir para precisiones ulteriores sobre aquellos aspectos que ahora vamos a destacar. Se trata de un trabajo rico en datos que analiza los efectos de las "privatizaciones del PP" (Telefónica, Repsol-YPF, Endesa y Gas Natural) en relación a la capacidad de elección de los consumidores, los precios, la inversión, el empleo, el accionariado y la recaudación impositiva. No cabe aquí resumir sus conclusiones en todos estos aspectos. Pero si cabe destacar algunas de estas conclusiones para ponerlas en sintonía con el trabajo citado sobre las privatizaciones mejicanas.
Lo que nos interesa subrayar aquí es que parece que los precios han disminuido y que hay razones para pensar que el coste salarial no ha disminuido. Empecemos por los precios. Entre 1998 y 1999 los costes de llamadas internacionales se redujeron en casi un 38 % y las interprovinciales en casi un 43%. En el sector eléctrico la reducción de tarifas para los consumidores "no cualificados" entre 1997 y 1999 ha sido del 10.6% en términos nominales y del 17 % en términos reales. No es tan clara la situación en hidrocarburos y gas natural pero, teniendo en cuenta la subida del crudo que ocurrió en aquel momento y el escaso desarrollo del mercado del gas (que continúa), cabe decir que los precios de nuestros carburantes después de impuestos y el precio del gas en algunos segmentos son de los más bajos de Europa.
Estas consideraciones permiten arriesgar la opinión de que si los precios han subido no ha sido debido a las privatizaciones. Respecto a los costes salariales los datos tampoco nos permiten zanjar totalmente la cuestión; pero los comentarios siguientes nos hacen pensar que no parece que hubieran bajado. En efecto, los salarios en España durante el período 96-99 no bajaron y el empleo generado por estas empresas privatizadas no descendió. De hecho, parece ser que, en los sectores afectados, aumentó el empleo neto y que, en las empresas consideradas, aumentaron las plantillas (aunque, eso sí, en buena parte por adquisiciones de otras empresas).
Es cierto que estos resultados sobre precios y costes salariales no implican una conclusión definitiva sobre los efectos en la productividad a falta de cifras sobre ingresos y ventas, pero el incremento de valor en Bolsa del que disfrutaron estas empresas -relativo al índice general- nos hace pensar que su productividad mejoró. Esta impresión parece suficientemente nítida como para transferir la carga de la prueba de la condena de las privatizaciones sobre las espaldas de quién la efectúa. Pero la privatizaciones tienen otros problemas a los que Hernández y López de Castro no hacen referencia alguna.
En efecto, un problema ante el que no se puede escurrir el bulto, es el que las privatizaciones pueden hacerse de tal manera que constituyen una transferencia de rentas a los amigos del Gobierno que decide llevarlas a cabo y que, por lo tanto y con independencia del incremento de productividad que puedan traer consigo, puedan ser una pieza de ese capitalismo de amigotes al que hemos hecho referencia en el segundo apartado de la primera sección de este capítulo y al que Parente y Prescott consideraban en el 2002 como el verdadero freno a la fuerza creativa del mercado.
Las privatizaciones a las que se refiere el trabajo sobre España que acabamos de utilizar se hizo de una manera peculiar invirtiendo el orden lógico. En lugar de vender el paquete de control que poseía el gobierno y dejar que los accionistas finales eligieran la presidencia de su Consejo de Administración, se procedió de la manera inversa. Se removió a los presidentes utilizando el control accionarial y se nombró para el cargo a amigos del gobierno a quienes se encargó que fueran ellos los que procedieran a vender la participación pública. Esto les dotaba de un primer éxito fácil y garantizaba al Gobierno, en la medida de lo posible, su fidelidad.
Es perfectamente posible que este movimiento impropio estuviera cargado de intención y que el Gobierno persiguiera el control de un movimiento económico regenerador en favor de grandes grupos que fueran como el embrión de unas verdaderas multinacionales españolas. Es posible; pero no es esto lo que recomienda y exige la idea de competencia a la que hacíamos referencia en la primera sección de este capítulo. Esta competencia beneficiosa incluye, como veremos en la siguiente sección, no sólo la competencia en la venta de mercancías; sino también la competencia entre personas o grupos para la implantación de instituciones y, como un ejemplo de esto, la competencia por el poder y el control en las empresas.
Saltarse esta exigencia de la competencia en aras de algún objetivo aparentemente respetable o heroico no puede llevar el capitalismo a buen puerto. No creo confundirme mucho si vislumbro en este proceder una forma especialmente tosca de capturar al Estado a través de la captura por parte del Gobierno de las principales empresas que son estatales o públicas. He aquí un ejemplo paradigmático de la mezcla de la crítica al excesivo diámetro del ámbito del Estado por razones liberales, no sólo respetables sino sobre todo correctas, con el problema técnico ya mencionado de continua confusión entre el Gobierno y el Estado. Pero no es la única tal como veremos ahora.
La proliferación de ARIs es, en efecto, un ejemplo intrincadamente complejo de la confusión entre Gobierno y Estado que, sin embargo, aunque relacionado con el ámbito del Estado, tiene una significación más amplia y más importante. Aquí en España agencias como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), desde luego el Banco de España y, en cierto modo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, son ejemplos bien conocidos entre nosotros de ARIs entendidas en sentido amplio.
En cada caso, la agencia correspondiente ejerce funciones que un Gobierno no podría ejercer de forma creíble. El caso de la Política Monetaria es paradigmático: la imposibilidad que tiene un Gobierno (al que le gustaría inflar la economía) para poner en práctica una política antiinflacionaria que sea intertemporalmente consistente, aconseja la delegación de dicha política en un banco central que se sabe exento de cualquier veleidad inflacionista8. Esta misma lógica subyace al nacimiento de cada ARI y, por muy correcta que sea, está llevando a un desmantelamiento del Estado que se superpone a la crítica liberal del ámbito del Estado y a la crítica comunitarista del tamaño del Estado.
Este desmantelamiento del Estado es un embrollo sorprendente puesto que la lógica que lo sostiene parece no distinguir entre Gobierno y Estado, ya que parecía natural pensar que lo que el Gobierno quiere que hagan las ARI debería hacerlo el Estado apoyado en un funcionariado escogido, bien formado e incorruptible. Trataré ahora de desanudar este embrollo. Por el camino volveremos a topar con problemas de captura y con la idea de competencia que he utilizado al criticar las privatizaciones que se hicieron en España por la secuencia seguida.
Pensemos para empezar a elucubrar que hay varias tareas que realizar por las ARIs mencionadas. Hay dos formas alternativas de hacerlo. En la alternativa 1, el Estado como principal y el Gobierno como agente, firman un contrato (¿constitucional?) para que éste, el Gobierno, lleve a cabo varias tareas, contrato que presumiblemente inducirá una práctica que maximiza el bienestar general con sujeción a una llamada restricción incentivadora que evita que el Gobierno-agente renuncie a jugar este juego plasmado en el contrato. El problema con esta forma de poner en práctica las tareas que nos interesan es que este contrato podría ser muy frágil (e inaceptable por el Gobierno) porque el Estado es, por definición, el único agente económico-social que no tiene por qué cumplir sus promesas, el único incapaz de comprometerse de forma creíble, pues no hay nadie que pueda, en principio, obligarle a nada.
Deberíamos pensar por tanto en una alternativa 2 más realista en la que el Gobierno, actuando ahora como principal, firma un contrato con varias ARIs para la ejecución como agentes de ciertas tareas. Cada uno de estos contratos estaría diseñado para maximizar el bienestar social (pues de lo contrario no seria socialmente aceptable) cumpliendo la restricción incentivadora de cada ARI para que ésta lo acepte. El embrollo que respecto al desmantelamiento del Estado plantea la proliferación de las ARIs puede ahora ser planteado en términos operativos mediante una pregunta obvia: ¿qué alternativa es mejor, la 1 o la 2?.
Para comenzar a contestar a esta pregunta concentrémonos en un ejemplo estereotipado pero simple. Pensemos en un Estado, en un Gobierno y en dos ARIs. La primera sería un banco central, que debe mantener la oferta monetaria dentro de los límites compatibles con la inflación que se quiere instrumentar, y la segunda podría ser una agencia fiscal que debe mantener el déficit público dentro de los límites compatibles con el crecimiento que se desea generar. Sobre este tema hablaremos "in extenso" en la Parte IV de este trabajo; pero ahora nos limitaremos a tomarlo como ejemplo.
Se oyen hoy muchas voces que claman por un arreglo fiscal como el mencionado9, especialmente en Europa después del fracaso del PEC, y hace muchos años que hemos admitido que un banco central realmente independiente es un instrumento útil para controlar la inflación. En este escenario, las alternativas a las que la pregunta que incorpora el embrollo se refiere son evidentes.
En la alternativa 1 el Estado reclamaría ambas funciones, la monetaria y la fiscal, e instruiría contractualmente al Gobierno para que (dentro de las posibilidades delineadas por su restricción incentivadora) elija aquellas tasas de inflación y de crecimiento que maximicen el bienestar social (suma del derivado respectivamente de la inflación y del crecimiento) con sujeción a la férrea restricción que liga inexorablemente el déficit público y la oferta monetaria.
En la alternativa 2 el Gobierno firmaría dos contratos, uno con cada agencia, en cada uno de los cuales se especifica que, respetando siempre la correspondiente restricción incentivadora, cada agencia elegirá al variable que controla (tasa de inflación o tasa de desempleo) de forma que se maximice el correspondiente componente del bienestar social sujeto a una restricción propia, una banda para la M3 y una banda para el déficit público.
Parecería que estamos cerca de solucionar el embrollo porque la pregunta sobre qué alternativa es mejor se responde aparentemente de inmediato puesto que es evidente que dos restricciones independientes nunca son menos restrictivas que la consolidación de ambas. En consecuencia diríamos que la alternativa 1 es preferible ya que generaría una combinación de inflación y crecimiento que denominaríamos óptima mientras que la alternativa 2 generaría un equilibrio de Nash del juego jugado entre las dos agencias que sólo por casualidad coincidiría con el óptimo.
Sin embargo, esta respuesta, para nuestra sorpresa, no soluciona el embrollo, sino que lo refuerza, pues ahora es más claro que antes que el Estado no tendría que ser desmantelado a favor de las ARIs. Para desatar finalmente el embrollo tenemos que introducir otro factor al que ya se ha hecho alusión indirectamente: la posibilidad de la captura del Estado o de las ARIs por los amigos del poder. La tentación de capturarlas es inmensa precisamente porque la soberanía que hemos estudiado en la primera sección ha sido delegada por lo que allí llamábamos el pueblo en el Estado y este lo ha hecho en las ARIs al dotarlas de independencia. Por lo tanto, en cualquiera de las dos alternativas contempladas deberíamos, por tanto, tener en cuenta la posibilidad de que el Estado y las ARIs sean capturados por lobbies o asociaciones de diversas índole, llevándonos al peligroso capitalismo de amigotes.
En el espíritu de las ideas de J.J.Laffont y D. Martimort podríamos decir que es mucho más fácil la captura de un solo operador social en la alternativa 1 que de dos en la alternativa 2, algo bastante intuitivo. En consecuencia, y como siempre en economía, tenemos que decidirnos entre un óptimo angelical que peligra por la facilidad con que el Estado puede ser capturado y un subóptimo con los pies bien plantados en tierra por la mayor dificultad de capturar simultáneamente varias ARIs. Si elegimos la alternativa 2, el Estado queda desmantelado tal como yo temía pero al menos no será un instrumento en manos de nadie. Si elegimos al alternativa 1, el Estado se mantiene pero quizá caiga en manos de quienes quieren instrumentalizarlo a su favor.
Parecería que el embrollo ahora sí está aclarado. Y no solo eso, sino que además parecería que la forma de desanudarlo nos ofrece una caracterización de lo que al respecto esperaríamos que hicieran la derecha y la izquierda. Esta, pensaríamos, prefiere el mantenimiento del Estado con la posibilidad de que se alcance un óptimo aún corriendo el peligro de que otros se apoderen de ese Estado. La derecha, por el contrario, seguiríamos pensando prefiere el desmantelamiento del Estado y su sustitución por las ARIs, que son más difíciles de capturar y cuya actividad llevaría a un equilibrio de Nash posiblemente subóptimo; pero equilibrio al fin. Los ojos en el horizonte frente a los pies en el suelo. La alternativa de siempre. Concluiríamos, en consecuencia que la derecha revelaría un mayor deseo creíble de disminuir el ámbito del Estado tal como hubiéramos esperado. Pero tampoco ahora hemos terminado con este embrollo de las ARIs. Se me ocurre una objeción y una duda.
La objeción a la justificación de reducción del ámbito del Estado a través de delegación de sus funciones en estas ARIs consiste en que su presunta mayor resistencia a ser capturados no está clara. Lo que he dicho es que los lobbies o grupos lo tendrían más difícil; pero lo que no he dicho es que el Gobierno lo tiene ahora muy fácil mediante los nombramiento adecuados al frente de las ARIs y que esa captura por parte del Gobierno lo que hace es que éste pueda tomar más decisiones con un control democrático menor.
No creo que haya duda en que esto corresponde a un reforzamiento del capitalismo de amigotes. Y aquí, como en el caso de las privatizaciones, la trampa, aunque oculta, es fácil de descubrir y desvelar. Una vez más, y tal como veremos con más cuidado, y a pesar de que pueda parecer extraño, la trampa está en no dejar que funcione la competencia entre persona o grupos para ocupar estos organismo reguladores.
Si el liberalismo que preside nuestra concepción del Estado -como opuesto a una concepción autoritaria del mismo- nos lleva a denunciar al capitalismo de amigotes, y a abogar por un Estado de ámbito menor, ese mismo liberalismo nos llevará a argüir en la siguiente sección que el argumento tradicional a favor de la provisión de bienes públicos por la colectividad -el Estado- puede ser corregido debido a que esta competencia para hacerse con las instituciones públicas puede alinear los incentivos individuales con los intereses sociales.
Cuando aclaremos esta cuestión espero que quedará muy claro que tanto las privatizaciones como la delegación en ARIs pueden traicionar sus buenas intenciones iniciales (o dicho más crudamente pueden convertirse en coartada a la captura) a través de la eliminación de la competencia allí donde no solemos buscarla; pero en donde debería mirar un verdadero liberal.
Y para finalizar este subapartado, la duda a la que me refería. Esta tiene que ver con los límites de la delegación. ¿Puede una ARI negarse a cumplir algunos cambios en los términos de la delegación?. Esta duda surge inmediatamente cuando la mencionada CMT (Comunicación del Mercado de Telecomunicaciones) opone una resistencia numantina a trasladar su sede desde Madrid a Barcelona siguiendo las instrucciones del Gobierno. ¿Hasta donde llega su independencia?. ¿Podría el Banco de España decidir trasladar su sede a Alsasua, digamos? No parece que en la época de las nuevas tecnologías la sede social pueda condicionar la residencia de los empleados o la efectividad en el ejercicio de la función asignada; pero ¿quién decide?.
Para terminar con la exposición de lo que he llamado el ámbito del Estado y antes de pasar a hablar en la siguiente sección del tamaño y del número de los Estados, voy a exponer lo que sería un Estado mínimo aceptable hoy y que clase social o grupo político o social podría considerarse como el vehiculador de ese Estado mínimo. Debo advertir, en cualquier caso, que pospongo hasta la siguiente parte de El Capitalismo que veiene la discusión seria de los problemas distributivos que allí se beneficiarán de los comentarios de este capítulo; pero que de momento no incluyo en las funciones de un Estado mínimo. Es mejor ser claro y contundente que exhaustivo.
Pues bien el Estado mínimo deseable (ya que el necesario es otra cosa que, seguramente, tiene una dimensión todavía menor) consiste en el ejercicio de funciones básicas: la de seguridad y la de defensa de la competencia10. Siempre que el individuo tenga seguridad, jurídica y física, basta con dejar que funcione la libre iniciativa privada implícita en la idea de competencia para que la sociedad prospere y para que cada uno pueda atender a su propio proyecto vital. De ambas cosas hablaré en la siguiente sección; pero ahora quiero hacer unos comentarios que expresen con precisión las circunstancias sociales que justificarían mis esperanzas de que algo así como el Estado mínimo vaya a alcanzarse aunque sea aproximadamente.
Voy a tratar de identificar a grandes rasgos quienes defienden y porqué lo hacen, diferentes tipos de Estado y en particular un Estado mínimo pero fuerte11. Comenzaré por quienes gustan de un Estado de ámbito generoso. Los que son propietarios iniciales de una dotación generosa, los que no aprecian la diversidad y los que no tienen una identidad que preservar desearían que ese Estado amplio fuera, además, fuerte para que pueda cumplir con sus funciones liberales de preservar la propiedad privada y garantizar la libertad que faciliten la captura de ese Estado en su beneficio de clase. Estoy hablando en este caso de la gran burguesía conservadora, siempre que fuera liberal lo que no es siempre el caso.
Los que, por el contrario, no tienen una gran dotación inicial, aprecian la diversidad o creen en la preservación de las identidades diferenciadas, es decir los socialdemócratas, preferirían que el Estado, aunque grande a efectos redistributivos, fuera débil precisamente para no poner en peligro esa diversidad o esa identidad diferenciadora. Seguiré ahora con los defensores de un Estado pequeño.
Los anarquistas de derechas querrían que, además de pequeño, el Estado fuera débil y para ello predican que sus funciones clásicas se realicen por agencias independientes presumiblemente menos fáciles de corromper. Finalmente los que tienen un buen punto de partida en términos de riqueza (riqueza que les gustaría preservar aunque no harán estropicios para aumentarla), gustan de la diversidad y aborrecen la uniformidad son los que desean un Estado pequeño pero fuerte. Se trata de esa pequeña burguesía que cree en la propiedad privada; pero que al mismo tiempo tiene conciencia identitaria como clase (de comerciantes quizás) y gustan por experiencia propia de la diversidad que está en la base de su negocio.
Una vez establecida esta tipología de posibles Estados y una vez asociado a cada uno de los tipos una cierta clase social, no es difícil acertar, mediante un ejercicio simple propio del planteamiento de la Public Choice, con la única que puede sostener un liberalismo sensato.
Los social-demócratas perderán su deseado Estado de gran diámetro y débil en manos de una alta burguesía que, si bien al principio querrá un Estado amplio, aunque débil, a fin de seguir sacándole sus rentas no merecidas mediante la ocupación del mismo, más adelante, una vez agotadas éstas, lo querrá igual de débil, pero más pequeño, para que no incordie con ninguna llamada a la justicia o a la solidaridad, pasando así a una forma de Estado propia de la anarquía de derechas. Es este el Estado que quieren los neoconservadores que hoy parecen mandar en el mundo.
Como, de acuerdo con ideas desperdigadas aquí y allí en esta obra, el intento neo-con es insostenible tenemos en consecuencia que esperar que el próximo movimiento político sea hacia un Estado pequeño y fuerte, el que desearían justamente los pequeños burgueses.
Conseguir un Estado pequeño parece hoy fácil porque tanto la ideología como los hechos parecen avalar esa mengua en su ámbito. Conseguir que, sin embargo, sea fuerte pasa por no desmantelarlo parcelando sus funciones y delegando su ejercicio en comisiones o agencias independientes. Para que esto no ocurra no hay más remedio que enfrentar la posibilidad de captura del Estado sobre la que hemos alertado.
Es respecto a este último punto, y para terminar esta parte segunda del Capítulo que estoy dedicando al Estado, que cabe preguntarse por la influencia de la disponibilidad de la información propia de la Sociedad de la Información y por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) sobre este fenómeno general del desmantelamiento del Estado y sobre las privatizaciones y las ARIs que lo hacen posible, así como sobre el sostenimiento de un Estado pequeño y fuerte.
La clave de la comprensión de esta influencia está en la participación como necesario ingrediente de la democracia.
A mi juicio la participación es a la política lo que la iniciativa privada es a la economía. Una economía concreta puede que conduzca a asignaciones eficientes en sentido estático; pero si éstas no son el resultado de la iniciativa privada ni resultan ser tan apreciables (por impuestas) ni garantizan una eficiencia dinámica (pues inhiben la innovación). Similarmente es posible que un sistema político específico esté legislando y administrando correctamente a través de las correspondientes instituciones; pero si no hay un debate público participativo ni aprecio la legislación o la administración como mías ni espero que mis preocupaciones genuinas alcancen acomodo en la agenda política.
Este debate público participativo, que me atrevería a asociar al Estado pequeño y fuerte que vislumbro en el futuro, sólo cabe hacerse a través de los medios de comunicación que pasan así a formar parte integrante del entramado de la libertad. Luego no tenemos más remedio que preguntarnos por el futuro de los medios de comunicación en un mundo en que la información está disponible a coste cero y en donde las TIC permiten una nueva forma de concebirlos.
El capitalismo de amigotes si quiere sobrevivir tiene que hacerse con los medios. Cabe concebir esto con los medios tradicionales unidireccionales en los que hay un transmisor y un receptor; pero cuando las tecnologías permiten la interacción y la confusión de papeles entre emisor y receptor, el control de la opinión deviene imposible a no ser que se cercene la libertad en el desarrollo de internet, o en la producción del software que lo hace posible.
Vemos pues como participación y libre competencia vuelven a encontrarse y cómo la única manera de no ahogar la creatividad de esta ultima consiste una vez más en dejar que funcione el principio de las virtudes alineadoras de la libre competencia. En concreto, si dejamos que a través de Internet se desarrolle la comunicación participativa en forma de florecimiento de numerosos periódicos personalizados, o radios personalizadas o televisiones personalizas, habremos asestado un golpe mortal a las posibilidades de ventajismo del capitalismo de amigotes.
Cabria pensar de manera inercial que también estos medios personalizados podrían ser capturados; pero como veremos en la siguiente sección esto no parece plausible. En consecuencia la libre interacción a través de las TIC conforma una verdadera opinión pública imposible de manipular y que se muestra con nitidez sin estar velada por el empaquetamiento propio de los mass-media cuyos dueños todavía controlan la información; pero de una forma cada vez más polarizada, como instrumentos que son, o pueden ser, del capitalismo de amigotes.
En esta segunda sección del capítulo III.3, que se presenta como su segunda parte, se trata de rastrear, en primer lugar, las tendencias que parecen llevar hacia una reducción del ámbito del Estado y de especular, en segundo lugar, cómo esas tendencias son influidas por las nuevas tecnologías (TIC) y por la disponibilidad de información propia de la sociedad de la información. Lo que se dice en esta sección es independiente del tamaño del Estado, al que nos referiremos en la siguiente y, por lo tanto, no está relacionado con la globalización.
En el primer apartado se plantea el problema inmediato de si la emergencia de un Tercer Sector entre el Sector Público, controlado por el Gobierno en nombre del Estado, y un Sector Privado guiado por el beneficio, incide en el ámbito del Estado o, si se quiere, en la ratio entre Sector Público y Sector Privado. La respuesta no es obvia en principio puesto que el Tercer Sector puede moverse en el ámbito de los otros dos. Sin embargo en el texto se muestra que es de esperar que las actividades propias de ese Tercer Sector reduzcan el ámbito del Sector Público y se reduzca su ratio en el sector privado.
Primero porque el Tercer Sector debería hacerse cargo (por razones que se han ofrecido en el apartado correspondiente y que han sido ya utilizadas al hablar de la propiedad y de la soberanía) de la provisión de algunos servicios públicos. Segundo porque la manera más sensata de entender el mecenazgo y el movimiento fundacional es la de considerarlos como actividades dirigidas a la creación de mercados y sujetos a competencia entre si en la realización de esa labor, con lo que vemos aquí funcionando el principio de las virtudes alineadoras de la iniciativa privada que, en este caso, correspondería a la iniciativa de los verdaderos mecenas.
Esta tendencia se refuerza por tres razones relacionadas con los factores cuya influencia en el capitalismo estamos tratando de elucidar. En primer lugar sería de esperar que, en la medida en que el Sector Privado ve posibilidades de beneficio en las actividades propias de la Sociedad de la Información, se interese en las actividades culturales que forman parte de esa sociedad de la información.
En segundo lugar las TIC colaborarán significativamente a reducir el valor del Sector Público en cuanto a que harán disminuir su valor añadido al instaurar una administración digital que ahorrará trabajo. Finalmente las TIC contribuirán a acelerar el paso de la cultura desde lo "sagrado" hasta lo mercantil.
En el segundo apartado de esta sección se pone de manifiesto que el ámbito del Estado va a reducirse radicalmente, hasta el punto de hablar de un desmatelamiento del Estado que no acabará hasta alcanzar un Estado mínimo. De acuerdo con textos ya publicadas con antelación estudiamos como las privatizaciones y las denominadas Agencias Regulatorias Independientes hacen su trabajo en esa dirección. A estos textos recientes se añaden ahora dos niveles de ideas.
El primero es el relativo a la creatividad de la iniciativa individual que se ve reforzada con las privatizaciones. El segundo nivel está constituido por aquellas ideas que alertan sobre la posibilidad de la captura del Estado y la conformación de un capitalismo de amigotes que constituye un peso muerto para la creación de riqueza. Esta captura del Estado puede efectuarse a través de la entrega de las Agencias Regulatorias Independientes por el propio gobierno, en nombre del Estado, a sus fieles afianzando así su poder y haciendo la misma operación con ocasión de las privatizaciones que potencian una peligrosa connivencia entre gobierno y empresariado.
Con un cierto desparpajo se cierra este segundo apartado con una descripción poco rigurosa de lo que sería el Estado mínimo suficiente para no cegar las fuentes de riqueza y con una conjetura sobre la clase social que acabará vehiculándolo como un Estado pequeño; pero fuerte.
La única forma de que un Estado así no pueda ser capturado es mediante la participación ciudadana en la toma de decisión, participación que sólo se puede hacer efectiva mediante la proliferación de medios de comunicación interactivos que ya son tecnológicamente accesibles y que estarían ya arrinconando a las mass-media tradicionales en los polos del espectro ideológico. Esta polarización es justamente la que deja espacio para los medios interactivos.
1. Esta parte del capítulo III. no pretende ser, ni mucho menos, un repaso a toda la problemática del papel, o los papeles, del Estado en la Economía. Un repaso notable del Estado de la cuestión se puede encontrar en Estado y Economía. Elementos para un debate que se publicó en 1995 por la Fundación BBV, bajo el cuidado editorial de S. Barberá.
2. La descripción del Tercer Sector que se ofrece en el texto, tanto en este subapartado como en el siguiente está basado en mi trabajo de la Revista de Occidente (Urrutia 1996) que, a su vez, se inspira en el que apareció en Economía Industrial ( Urrutia 1989)
3. Los doce países son: Reino Unido, EE.UU., Francia, Alemania, Italia, Japón, Brasil, Ghana, Egipto, Tailandia, India y Hungría.
4. Estos siete países son: Reino Unido, EE.UU., Francia, Alemania, Japón, Italia y Hungria.
5. Citado Por Grampp (1989)
6. Prácticamente todo este apartado está basado en tres trabajos propios. Dos de ellos está contenidos en el libro Economía en Porciones (ver Urrutia 2003b y 2003c) y el tercero es Urrutia (2004)
7. Ver las referencias.
8. Sobre este problema, aquí sólo esbozado, hablaremos extensamente en la última parte de El Capitalismo que Viene. Sin embargo es ineludible mencionar aquí, y a la luz del último premio Novel en Economía, el trabajo seminal de Kydland y Prescott sobre la posible inconsistencia intertemporal de las políticas económicas.
9. Sin ir más lejos Bradford de Long se hacía eco de esto en su artículo de El País- Negocios el domingo 28 de noviembre del 2004.
10. Por no mencionar explícitamente la propiedad privada que puede subsumirse en la idea de seguridad que no se refiere sólo a la seguridad física; sino también a la jurídica. Sin embargo la idea de propiedad puede emborronarse cuando pensamos en la propiedad intelectual a la que hacemos también referencia en la sección siguiente de este capítulo.
11. Ver Urrutia (2003)
Albi, E. (2001): Público y Privado: Un acuerdo necesario. Ariel. Barcelona.
Barberá, S. (ed) (1995): Estado y Economía. Elementos para un debate, F.BBV
Besley, T. Y M.Ghatak (2001): "Government vs. Private Ownership of Public Goods", CEPR, nº 2725
Grampp, W (1989): "Pricing the Priceless: Art, Artists and Economics", Basic Books, NY.
Hernández, N. y L. López de Castro (2000): "Privatizaciones, Liberalización y Bienestar", Fundación de Estudios de Regulación (FER) y ed. Comares, Granada.
Kydland, F y R. Prescott (1979): "Rules rather than discretion: The inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85, pp. 473-90.
Laffont, J.J. y D. Martimort (1999): "Separation of Regulators against Collusive Behavior. Rand Journal of Economics. Vol. 30, Nº 2, 1999, pp 232-62)
La Porta, R. y F. López Silanes (1999): "The benefits of privatization. Evidence from Mexico", Quarterly Journal of Economics, vol.114 (4)
Parente S.L., y E.C. Prescott (1999): "Third Walras-Pareto Lectures", Universidad de Lausana, mimeografiadas.
Salamon, L.M. y H.K. Anheier (1994): "The Emerging Sector: An Overview", John Hopkings Institute for Policy Studies, Baltimore.
Urrutia, J. (1989): "Economía de la Cultura", Economía Industrial.267,pp.121-130
Urrutia, J. (1996): "Veinte comentarios sueltos sobre el Mecenazgo", Revista de Occidente,186,pp.47-70
Urrutia, J. (2003, a): "Economía en Porciones", Prentice-Hall, Madrid.
Urrutia, J (2003, b): "El Desmantelamiento del Estado" en Economía en Porciones, pp 174-7.
Urrutia, J. (2003, c): "Privatizaciones", en Economía en Porciones, pp. 30-2
Urrutia, J ( 2003 d): "Por un liberalismo pequeño burgués", en juan.urrutiaelejalde.org
Urrutia, J. (2004 ) : "Agencias Reguladoras Independientes", Expansión, 13 de enero
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