En defensa de las cuotas

Estoy en contra de las cuotas en el comercio de cualquier tipo, el nacional o el internacional, pero no estoy en contra de las cuotas aplicadas a grupos de personas que, por circunstancias exógenas, están discriminadas.

Pensemos en las coutas de mujeres en el gobierno, en la administración pública o en los consejos de las empresas privadas. O pensemos también en las cuotas de inmigrantes subsaharianos o, para captar la generalidad pretendida del argumento, en las cuotas de “amos de casa”, es decir de hombres que hagan las tareas que hoy, con poquí­simas excepciones, son realizadas por mujeres.

En estos casos las circunstancias han hecho que mujeres, subsaharianos y hombres estén infrarrepresentados en las situaciones sociales reseñadas.

Dadas estas circunstancias y el punto de partida en que nos encontramos, voy a tratar de argí¼ir que la cuota femenina es una intervención deseable. Las otras cuotas son defendibles de una forma análoga. Me concentrré, por lo tanto, en el caso de las mujeres y , más en concreto, en el caso de la escasez de mujeres en los consejos de administración.

Supongo para empezar que, aparte estudios interesantes sobre diferencias cerebrales entre los géneros, éstos son iguale en cuanto a las caracterí­sticas necesarias par administrar una empresa. Hombres y mujeres mustran una distribución normal de esos talentos alrededor de una media idéntica. Supondré además que en este momento todos los consejos están formados sólo por hombres y que en cada consejo sus miembros tienen unos talentos distribuí­dos igual que la población general.

Bajo estos supuestos me parece obvio que sustituir a los consejeros actuales (hombres) que están por debajo de la media por mujeres que están por encima de la media es un cambio que mejora el gobierno de esa empresa y que nos hace ganar a todos excepto a los hombres sustituí­dos.

¿Podrí­amos “comprar” la voluntad de estos hombres perjudicados? Hagamos unos números un poco tontos. Digamos que en el IBEX 35 hay 18 consejeros por empresa y que cada uno gana 30 millones de pesetas anuales. Pensemos que eliminamos a la mitad, es decir a los 315 hombres que muestran una capacidad de administración por debajo de la media, y que ponemos en su lugar a 315 mujeres elegidas por los head hunters especializados de forma que podemos estar seguros que estarán por encima de la media.

Para compensar a los que pierden con el cambio necesitarí­amos 9.450 millones de pesetas a repartir entre las 35 empresas del IBEX. Es decir unos 270 millones de pesetas de media. En cosecuencia con un pago medio de unos 400.000 euros ( digamos que anuales durante tres años) por empresa nos habrí­amos librado de los peores administradores y habrí­amos adquirido las mejores administradoras. Se me antoja obvio que cada empresa estarí­a dispuesta a llevar a cabo ese cambio, que le costarí­a como un millón de euros en 2 o 3 años, por poco que aportara al buen gobierno de la empresa y, en consecuencia, a la cuenta de resultados.

También me parece obvio que las cuentas siguen saliendo aunque los supuestos simplificadores se relajen lo razonable. Si no se hace es porque el statu quo es muy estable, no porque no sea deseable o haya deificultades en su financiación.

Ahora bien, si este argumento es más o menos válido, sirve también para organizar la inmigración por cuotas, con la única diferencia que aquí­ el papel de los head hunters lo hacen los mismos inmigrantes porque solo se arrisgan los mejoeres. Y desde luego que sirve para unas posibles cuotas para hombres que son unos magní­ficos “amos de casa”, con la diferencia que aquí­ no hay autoridad alguna que pueda imponerlas.

Claro que todo esto es puro intervencionismo y que no tendrí­a sentido, ni para un liberal ni para nadie, si el mundo estuviera estrenándose. Pero estamos donde estamos y, de acuerdo con los principios compensacionistas que todos aprendimos, y aunque estos no sean muy liberales, me resulta imposible no acetar las propuestas que se hacen a favor de ciertas cuotas, así­ como de otras que pudieran hacerse en el futuro.

Call me Ismael

Un antiguo amigo del que he perdido la pista me educó hace años en la apreciación de Moby Dick de Melville ( sí­, el mismo del escribiente Bartleby y de otras maravillas) como un Quijote moderno con el capitán Achab como el hidalgo y con Ismael como un Sancho.

Seguramente este es un lugar común para los que se dedican a la crí­tica literaria; pero este no es mi caso. Mi caso es uno de fijación con el primer párrafo de esa novela.

Un primer párrafo es como los tí­tulos de crédito de una pelí­cula de las de antes. Como decí­a un tercer amigo que compartí­amos el otro amigo y yo, el director siempre intenta dar un do de pecho en la primera secuencia para atraer tu atención y, si ese comienzo es malo, apaga y vámonos. Y de hecho se iba y nos enseñó a todos a saber despegarnos de la cálida butaca de un salón de cine de una ciudad lluviosa cuando el director no estaba la altura de nuestro pedantesco conocimiento del leguaje fí­lmico.

Es un primer párrafo tan maravilloso el de Moby Dick que pienso que deberí­amos lanzarnos a hacer una colección de ese primer párrafo en todos los idiomas a los que ha sido traducido. He aquí­ el original.

Con un primer párrafo así­ quedas atornillado a la silla en la que estás sentado al abrir el libro. No hay manera de cerrarlo. Ya hablaremos de él; pero de momento presten atención a las tres primeras palabras. Me bastan para decir lo que quiero decir.

Quiero decir que Cervantes con su puesta en escena se nos muestra como un notario omnisciente al que yo intento prestar atención; pero que acaba aburriédome con su prosa jurí­dica que oculta si me han dejado o no un legado en una herencia, algo muy distinto de lo que hace Melville. Este tipo, unos siglos más tarde, delega en Sancho/Ismael la narración de la historia con sus propias palabras, de forma que ya sé que voy a entender lo que me quiere decir y no tengo dudas respecto a la herencia.

Pero lo que realmente persigo con este post pretendidamente literario es proponer el “call me Ismael” como el santo y seña de los que creemos desear una comunidad desterritorializada en la que poder tener una conversación que nos distraiga de pensamientos lúgubres

FIBS

Hace muchos posts me empeñé en sacarle jugo a la proporción áurea en uno que estiraba el asunto hasta lo que yo creí­a serí­a su lí­mite.

Pero Ana M ª Llopis lo ha llevado más lejos. En un artí­culo no publicado explicó los números de Fibonachi, su relación con la proporción áurea y cómo la red empezaba a estar rebosante de FIBS, una especie de forma poética que encontraba su ritmo en la serie que nos enseñó a construir este matemático y que podrí­a representar la coincidencia feliz de matemáticas y poesí­a.

En su artí­culo encontrarán un FIB sobre el “fibocheo”. Como ven una vuelta más de tuerca. Ayer yo me atreví­ a impostar inspiración apoyándome en el ritmo que podrí­amos llamar áureo.

Ahora espero que mucha gente se anime e inundemos la red de estos pequeños artefactos.

Sirva esta llamada a la acción poética como mi manera de conmemorar el post 100.

Los aeropuertos me ponen

El ajetro de un aeropuerto, la lectura de los periódicos y revistas que compro o robo, las caras desconocidas, las historias posibles ……excitan mi imaginación.

Y para no olvidarme de las ideas que me brotan me las tatuo en los dedos de la mano izquierda como aquel protagonista de Memento.

Ayer fui a Barcelona y he vuelto hoy con mi mano izquierda tatuada con la tinta de un rotulador que chorreaba por el calor.

  • Pulgar. El Blog y el Diván: el sindrome de Serezade. Si callas te quedas sin cabeza: o te la cortan o te estalla.
  • Indice. Economí­a “performativa”. Construccionismo metodológico y una nueva concepción de los modelos no del todo acorde ni con la convencional ni con la de JCGB.
  • Corazón. En defensa de las cuotas. Las femeninas, fáciles de defender y de llevar a la práctica. Las masculinas, igualmente fáciles de dender; pero muy dificiles de poner en práctica.
  • Anular. “Call me Ismael” Porqué prefiero el primer párrafo de Moby Dick al de El Quijote.
  • Meñique. Los números de Fibonachi, la proporción aurea y los FIBS “according” to Ana M ª Llopis.

Y, en la palma de la mano un FIB:

Dí­
Tu
Mi bien
Quien podrá
Sin amor callar
Las palabras que me hurtas

Apostillas

Por un lado estoy tentado de quitar los signos de interrogación al post anterior; pero por otro lado tengo que matizar algunas afirmaciones.

En primer lugar parece ser cierto que vendí­an sellos por encima del precio de mercado e incluso sellos falsos. En consecuencia no puedo decir que esas dos actividades serí­an poco plausibles, tal como aparece en el texto, pero desde luego sigo sin entenderlas por las razones allí­ apuntadas. A no ser que mediante un esquema en el que no he pensado, esto sirviera para blanquear dinero. Pero no es este, creo, un delito del que les acusen.

En segundo lugar está el asunto crucial del auditor. Resulta que cuando la justicia, por fin, se dirige a él, le interroga como imputado y le deja libre sin medidas cautelares. No parece por lo tanto que estuviera ocultando, en connivencia con las compañí­as, ninguna deficiencia patrimonial.

En tercer lugar los directivos de Afinsa ya están fuera de la cárcel; pero no así­ los del Forum. Es difí­cil saber si esta diferenca es de fondo o solo de diligencia judicial.

Seguiremos; pero no me quito dela cabeza la posibilidad de lo que llamaba émesis Regulatoria.

¿Némesis Regulatoria?

En 1982 o 1983 el primer Gobierno Socialista expropió Rumasa. En la Facultad de económicas de la Universidad del País Vasco se organizó una mesa redonda a la que fui invitado por los estudiantes. Ante una situación en la que, aparentemente, sólo había un incumplimiento de unas “pastorales” del Banco de España por parte de los bancos del grupo, se reaccionaba por parte del Vicepresidente económico, Miguel Boyer, con una contundencia que yo no quería ni podía entender debido a mi radicalidad ortodoxa.

En mi opinión de aquella época un incumplimiento, por grave que fuera, de una pieza no legislativa no podía justificar la expropiación de todo un grupo no financiero; sino, como mucho, la intervención temporal de algunas de sus partes declarando por ejemplo su suspensión de pagos, o su bancarrota, según correspondiera, y conduciendo el asunto por vías conocidas y no por la extraordinaria de la expropiación.

Hoy pienso que era fácil en aquella época y a una edad relativamente juvenil decir lo que dije; pero ya por entonces yo no hubiera querido estar en la piel de Boyer; pues es difícil estar seguro de cómo reaccionar cuando hay peligro de estampida.

Aunque 25 años me han hecho todavía más prudente, sigo sintiendo a veces la juvenil tentación de comportarme, como un “enfant terrible“. Y este asunto de Afinsa y del Forum Filatélico es una de esas veces. Ante noticias periodísticas incoherentes, ante declaraciones políticas poco firmes y posiblemente electoralistas y ante la posibles ramificaciones de estos grupos inversores en bienes tangibles, apetece realmente decir que todo está mal y que, en el fondo, son las propias autoridades, sean reguladoras, fiscales o judiciales las que han cocinado este lío que ya no tiene salida. Pero hasta los “enfants terribles“, y especialmente si ya no son tan jóvenes, tienen que argumentar sus posturas.

Empezaré por hacer notar que nadie se ha metido con el auditor seriamente pues lo que ha dicho el diario El Mundo a este respecto, tratando de involucrar a un ex colaborador de Miguel Sebastián, parece más la aplicación rigurosa de las “cláusulas de estilo” que un verdadero trabajo de investigación de los que se enorgullece este diario. A pesar de que parece ser que éste o su padre han sido llamados a declarar como imputados, me sigue pareciendo extraño el cuasi-total silencio mediático respecto al auditor. Y esto me hace pensar que no había problemas patrimoniales. ¿Habría problemas de tesorería? Me cuentan que tampoco y la fuente me parece digna de confianza.

En consecuencia no parece que los ahorradores que habían decidido colocar sus excedentes en un “repo” de sellos, estuvieran en peligro de perderlos, a pesar de que ya todos parecemos haber dado por hecho que estamos en presencia de un timo piramidal de la más recia raigambre.

Parece ser sin embargo que la Agencia Tributaria encuentra ahora (y había encontrado hace años) indicios de delitos fiscales que son los que ellos investigan. Si esto fuera todo no parecería que el asunto sea tan grave. Se impone la multa que corresponda y se acabó o alguien paga por el delito fiscal pertinente. Pero, por lo visto, el presunto delito fiscal no debía ser lo único que había ya que la Agencia Tributaria pasa el expediente a la Fiscalía Anticorrupción que, en su momento, lo traslada a la Audiencia Nacional donde dos jueces de instrucción -uno por cada compañía- parecen pensar que hay indicios de estafa.

Pues bien, a mi juicio esta presunta estafa no puede consistir en llevar a cabo un procedimiento tramposo como el que se ha insinuado. Se dice que cada una de estas compañías habría vendido sellos a los inversores a un precio mayor que el de mercado, o incluso que los sellos eran falsos, pero ambas posibilidades me parecen poco plausibles porque las compañías se comprometían a devolver una cantidad mayor y/o a abonar unos intereses muy altos. Claro que es posible que fueran estas mismas compañías las que hubieran decidido dar un pelotazo fraudulento y terminar el negocio llevándose a casa la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Pero no sé a qué lugar podrían haber huído porque hasta el Amazonas está ya muy lleno.

En cualquier caso, si ese fuera el fondo del asunto no se entiende que haya durado tanto tiempo. Es más plausible pensar que sabían comprar bien y que las revalorizaciones eran suficientes para cumplir con los compromisos. ¿En dónde esta la estafa? No falta quien, con buen ojo, insinúa que estas dos compañías de inversión en activos tangibles controlaban el mercado del subyacente, es decir el mercado de sellos, y que, por lo tanto, podían fijar el precio. De ser cierto, este extremo sería una cuestión para el responsable de la política de la competencia y, en todo caso, redundaría en una mayor seguridad para los inversores. Repito pues ¿dónde está la estafa?.

Aunque yo no lo entienda, tengo que seguir pensando que algo encontrarían los jueces instructores más allá del delito fiscal y que pensaron que debían investigarlo. ¿Cómo investigarlo sin que se produzca una estampida, dirigida a adelantar la recompra de los sellos a la que se habían comprometido las compañías y peligrosamente similar a esas estampidas bancarias que ocurren cuando los depositantes quieren retirar la totalidad de sus depósitos?

El riesgo de estampida no existe si no hay posibilidades legales de anticipar la devolución de lo invertido o si, aún habiéndolas, hay posibilidades de atender a esas devoluciones de manera ordenada, tal como ocurría en el caso de los descodificadores de Canal Plus que, de todas formas, estuvieron a punto de dar con los huesos de algunos en la cárcel; aunque la cuestión se enderezó a tiempo. El riesgo de estampida surge cuando sí que existe la posibilidad legal de adelantar las devoluciones y, al mismo tiempo, no hay patrimonio suficiente.

Como parece ser que esto último no era el caso aunque ya se ha dictaminado mediáticamente que lo era, debo entender que el problema de estampida no existía. En consecuencia no puedo atribuir imprudencia a la Justicia aunque sigo sin entender cual es el delito cuyos indicios detectaron gracias a la información de la Agencia Tributaria. Y no me hablen de quiebra fraudulenta porque que se sepa nadie ha mencionado la quiebra.

Pero si estas son las circunstancias del caso que nos ocupa y las mismas que rodean a cualquier negocio de este tipo ¿por qué habría que regular estas actividades desarrollando el decreto ley que las define y permite? Para protección del incauto inversor se me dirá; pero ni éste es tan incauto ni hay razón a priori para pensar que el patrimonio acumulado por las compañías vaya a ser insuficiente. Porque es un negocio propiamente financiero se me añadirá; pero esto no me parece evidente aunque se trate de un “repo” pues hay muchas cosas que son así (“compre, compare y si no está de acuerdo le devolvemos su dinero“) y no caen bajo la supervisión financiera.

Sin embargo los pasados gobiernos se han apresurado a echarse los trastos a la cabeza por no haberlo hecho y todos culpan a las CC.AA. a pesar de que, en general, se recela de ellas y no se les permite regular ciertas cosas delicadas. Por lo tanto no tengo más remedio que preguntarme porqué tanto ruido si no hace falta la regulación o, por lo menos, no hacía falta en estos dos casos que no tienen problemas de tesorería según se me cuenta en fuentes con toda seguridad bien informadas.

O sea que, según los datos de mayor o menor calidad que poseo, no ha podido pasar lo que está pasando. Como mi vocación de “enfant terrible” es limitada, tengo que reconocer que pasa lo que está pasando y que, en consecuencia, debo pensar que alguna de mis informaciones es incorrecta. Pero ¿cual de ellas?

Todas las posibilidades me llevan a ninguna parte. Si fuese cierto que había problemas patrimoniales y que estamos ante un esquema de Ponzi tradicional, ¿por qué la justicia ha tardado tanto en dirigirse al auditor y por qué cuando los medios más sagaces sólo lo han mencionado con intenciones no propiamente esclarecedoras? Claro que si, a pesar de todo, los hubiera, ¿por qué no se actúa desde hace tantos años cuando ahora nos dicen que ya hace tiempo se detectaron problemas por la inspección fiscal? Quizá porque tenían miedo a la estampida que, a falta de regulación o de una especie de garantía pública, podría darse. Pero si esto era así ¿porqué no se reguló mejor en ese momento?

Son demasiados interrogantes para mí. Así como hace 25 años no entendí la expropiación de Rumasa por incumplimiento de recomendaciones del regulador, hoy no entiendo nada de lo que está pasando. Espero que alguien me lo explique o irme aclarando poco a poco. Sobre todo para quitarme de la cabeza la posibilidad de que estemos ante un ejemplo de némesis regulatoria en el que las cosas se rompen por la acción simultánea y bienintencionada de los propios reguladores. A estas alturas solo nos queda atender a esta posibilidad y tratar de conseguir una mayor asepsia en este mundo de la salud económica.

Y mientras tanto hay personas presuntamente inocentes que están en la cárcel porque han cometido, presuntamente, un delito de estafa que, a pesar de que se ha levantado, creo, el secreto del sumario, nadie me explica satisfactoriamente en qué consiste.

Una “grandiosa infiltración”

En mi Goulue aparen dos anotaciones: traición grandiosa y un traidor que infiltra noticias. son dos anotaciones que provienen del tomate del ayer, 7 de junio.

La mamá de Sonia, aquella chica de uno de los Gran Hermanos que nada más salir de la casa nos contó que habí­a ligado con Bertí­n Osborne, confiesa a una reportera del aquí­ hay tomate que un mal amigo de Bertí­n, y él mismo famosillo, es el responsable de la infiltración de la noticia de la boda de su “amigo” y de una traicón a su hija Sonia.

En el mismo programa la dulce Neus acusa a su antiguo abogado, el inefable Emilio Rodriguez Menéndez, de traición grandiosa por razones que no conseguí­ discernir.

No intento una crí­tica fácil de lo que me parece un mal uso del idioma. Lo que me importa es lo que ambos decubrimientos del periodismo de investigación rosa tienen en común, nada más y nada menos que la traición. Y esto no es cosa de broma pues la traición es la única forma de individuación y singularización de la que disponemos cuando se trata, no de una deslealtad a un amigo, sino de una ruptura con las pautas inconscientes del grupo. A esto me referí­a en una anotación previa de mi Goulue en la que decí­a que un autor se caracteriza

su deseo secreto de desaparecer al tiempo que se singulariza de manera definitiva.

Y Bertí­n y Emilio son más que unos pí­caros simpáticos, son unos traidores al grupo al que debí­an haber pertenecido. Y por eso se les hace prisioneros, en un plató de televisión o en la cárcel. Pero es que este tipo de sufrimiento es necesario cuando uno lo que quiere, conciente o inconscientemente, es ser un autor. Como decí­a en ese lugar ser un autor es lo mismo que ser realmente un individuo y es muy dificil alcanzar a desprenderse de todas las adherencias grupales sin pasar por esa traicion que tanto desprecian las señoras mediáticas estropeadas.

Periferia 4: Iberia vs. Barcelona

Utilizaré el asunto “Iberia vs. Barcelona” para continuar reflexionando sobre el contraste entre centro y periferia pues se trata de un caso ejemplar de esa confrontación sobre la que, de vez en cuando, pretendo reflexinar con la intención nada oculta de criticar al centro, a cualquier centro.

El caso en apariencia es muy simple. La compañí­a de aviación ha reducido los vuelos a, o desde, Barcelona de manera drástica debido a la competencia de las compañí­as de vuelos baratos y, seguramente, hasta que ponga en funcionamiento su propia compañí­a “basura”. Como la compañí­a es privada, en principio no hay caso y el asunto puede acabar redundando en beneficio de los usarios de aeroplanos para ir a, o salir de, Barcelona. Eso puede ser así­ porque otras compañí­as pueden encontrar beneficioso aumentar sus vuelos que utilicen el aeropuerto de El Prat.

¿De qué estoy hablando por lo tanto? Quizá esté equivocado; pero creo que no es solo una cuestión empresarial pues por ahí­ anda una agencia reguladora, AENA, que algo tendrá que ver con la asignación de vuelos, con la getión de los aeropueros o de los slots. Si esto fuera así­, estarí­amos ante un asunto económico un poco más complejo.

Repito que igual estoy equivocado; pero si AENA no hubiera otorgado a Iberia el uso de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, quizá las decisiones de la compañí­a privada Iberia hubieran sido otras. No serí­a de extrañar que esta asignación haya cambiado el precio relativo de los vuelos domésticos y los internacionales con las consecuencias correspondientes. Una vez establecida esta duda razonable, no es dificil entender la continua reivindicación catalana de gestionar directamente el aeropuerto de El Prat a fin de incidir precisamente en ese precio relativo.

Ahora bien, la pregunta que me interesa es si los problemas propios del tráfico aéreo deben ser tratados y solucionados centralmente o es mejor la competencia entre agencias reguladoras regionales. Esta es una pregunta general que se podrí­a hacer igualmente en relación a Europa y los Estados que la componen y en relación a cualquier otra agencia reguladora. Hablando pues en general, comiezo por decir que me parece posible que la solución final puede ser la misma en el caso centralizado y en el descentralizado; pero que no me cabe duda de que el método para llegar a ella es muy diferente en un caso y en otro y que esta diferencia puede transmitirse a otras cosas.

El asunto me recuerda un poco al problema de coordinación de la distribución en red de las historias clí­nicas, un asunto de vital importancia para la salud pública especialmente en el mundo de hoy en el que la gente cambia a menudo de domicilio por razones de trabajo. Los inglese lo solucionan centralizadamente con los problemas tí­picos de la planificación, especialmente que una regulación lleva a otra. Los americanos cofí­an en la competencia entre autoridades sanitarias regionales (estatales en su caso) para que, de forma espontánea, esa competencia lleve a una solución determinada.

Yo prefiero la solución americana porque creo en la competencia, especialmente para eliminar rentas como las que difruta Madrid en custiones aereas, porque no me gusta el autoritarismo del planificador central, aunque solo pretenda ordenar el tráfico aéreo y porque creo en el principio de subsidiariedad.

Y para terminar me pregunto, volviendo a declarar preventivamente mi ignorancia de hechos concretos, si en este caso no estarí­amos asistiendo, además, a la captura del regulador por parte de una compañia concreta que por, muy privada que sea, no estarí­a compitiendo en las mismas condiciones que las demás. El caso de Telefónica justifica esta sospecha. En ambos casos uno puede pensar que si esa captura no fuera posible las compañias presuntamente privilegiadas no tendrí­an más remedio que ajustarse como las demás dejando así­ de ser privilegiadas.

Pues bien, aunque pudiera parecer contraintuitivo, yo creo que es más cierto que la competencia entre agencias reguladoras regionales dificulta la captura del regulador que lo contrario. Hay un menor botí­n a repartirse entre los capturadores de rentas y las otras compañí­as, reguladas por la misma agencia, o incluso por otra distinta, perciben la discriminación a que ellas pudieran estar sometidas de una manera más ní­tida.

La Transformación de la Universidad: Transferencia de Activos (II)

Publicado en Expansión,martes 6 de junio de 2006

En la entrega anterior pretendí dirigir la mirada del economista hacia el gobierno de la Universidad a propósito del cambio de ministra y la “amenaza” de presentar con urgencia la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). Me maliciaba entonces, y continuo haciéndolo ahora, que la urgencia, tan subrayada por los Rectores, es enemiga de la profundidad, tan solicitada por los investigadores. De ahí que me tomara la libertad de recomendar que no se centrara la discusión sobre asuntos aparentemente urgentes pero de poco calado real, como por ejemplo la adaptación al espacio universitario europeo, que pueden distraer la atención de cómo llevar a la práctica la mutación crucial para lograr solucionar el problema principal.

Afirmaba en Reflexiones sobre el Gobierno de la Universidad que el problema principal de la universidad española era el de la falta de competencia entre universidades que redunda en una endogamia que reduce el flujo de ideas. Y argumentaba, en esa misma columna, que la mutación crucial era separar el gobierno académico del económico-financiero. Este último presentaría un modelo de gestión que no tendría más remedio que exigir medidas que acabaran generando la competencia interuniversitaria necesaria para la producción de ideas novedosas.

Hoy me gustaría concentrar la atención en algunas posibilidades que se ofrecen a un gobierno económico-financiero de una Universidad que quiera refundarse (apoyándose en la Comunidad Autónoma correspondiente y en el marco de una posible LOU que se la juegue políticamente) a fin de contribuir a la creación de riqueza en la sociedad del conocimiento.

Volvamos al ejemplo de Harvard. Esta universidad privada ha decidido, tal como decía hace un mes, volver al sistema bicéfalo de un Provost académico y un Presidente para materias financieras. Estas últimas materias no son sólo cuestión de llevar bien las cuentas y repartir bien el presupuesto aprobado. Lo importante es más bien que se trata de una cuestión técnica y no trivial de gestión de activos.

En los últimos años esta universidad de Harvard ha llegado a administrar unos 25.000 millones de dólares, es decir unos 4 billones de pesetas, una cifra que asombra más que su traducción a euros. El presupuesto anual se nutre, claro está, de las altísimas matriculas de sus escasos 20.000 alumnos, de las donaciones de los alumni, de los contratos con el sector público y de los rendimientos de sus activos. De ahí la importancia de la buena gestión de estos últimos para poder gastar lo que sea necesario para la atracción de los mejores investigadores (que también enseñarán lo que saben de primera mano) y financiar los gastos generales para que la atmósfera intelectual sea la adecuada.

A la luz de este ejemplo surgen algunas sugerencias que luego habrá que matizar; pero que así, de golpe, aparecen como sensatas y rompedoras al mismo tiempo.

En primer lugar es quizá hora de liberalizar las tasas. Recuerdo haber defendido esto ya hace años con ocasión del examen del Informe Bricall al que fui invitado por la que luego fue ministra de Educación, Mª Jesús Sansegundo que a la sazón que asesoraba al Ministerio, y en cuya redacción colaboró en muy buena parte el actual Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Me parece que ya estamos preparados para afrontar esta novedad imprescindible para apoyar la competencia entre universidades. En segundo lugar, revisar en serio la ley de contratos del Estado para permitir un programa serio de compras públicas (procurement), me parece también crucial y por la misma razón.

Estas dos reformas con ser rompedoras no son tan arriesgadas. Las dos siguientes son más difíciles de tragar pues desencadenarán un conjunto de reformas en parte imprevisibles.

Pensemos, en tercer lugar, en las conexiones con el sector privado. Las donaciones privadas parecerían también importantes, pero no surgirán de la RSC (aunque no hay que despreciar este fenómeno relativamente reciente), sino de los proyectos específicos que cada universidad pueda vender, no sólo a su entorno comunitario y al gobierno central, como componentes ambos del Estado; sino al sector privado.

Estos proyectos conformarán una parte de la cartera de activos de cada Universidad y de su gestión correcta a la luz de la legislación vigente sobre Propiedad Intelectual, dependerá una buena parte de los ingresos de la Universidad y de su capacidad para competir.

Pero pensemos, en cuarto lugar, en la novedad más rompedora que uno puede imaginar. Las Universidades públicas podrían y deberían ser dotadas con activos tangibles por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente. Desde luego los edificios deberían pasar a ser propiedad de la Universidad, así como los laboratorios y todo equipamiento de cualquier tipo. Pero es que, además, se podría iniciar una verdadera nueva época dotando a las Universidades de terrenos en los municipios en donde residen. El Presidente, que ya he defendido que debería ser el último responsable económico-financiero de la Universidad, debería asumir la responsabilidad de gestionar esta cartera de activos.

Libertad de tasas, facilitación del procurement, contratos externos y la formación de una cartera de activos tangibles constituyen cuatro medidas que yo me atrevería a tomar siempre que no se confundieran la figura académica del Rector con la ejecutiva de un Presidente. La libertad de tasas es necesaria para la transparencia y no debe representar obstáculo para la igualdad de oportunidades. Las compras públicas pueden fácilmente agilizarse en beneficio de la competencia y en multitud de campos, no sólo de defensa. También en muchos otros que conformen la ventaja comparativa de la jurisdicción que financia la Universidad de que se trata.

Sobre la movilización de actos intangibles dedicaré una columna independiente porque me parece que ya hay estudios y trabajos suficientes como para delinear una propuesta concreta que cubre no solo a las invenciones propiamente científicas sino también a las ideas y conocimientos humanísticos y sociales.

Pero el cuello de botella está en la transferencia de activos tangibles concretos. Esta medida exige una energía política notable puesto que, para armar esta transferencia de edificios, equipamientos y terrenos adicionales que representan una verdadera transferencia de fuentes de ingresos, algún otro organismo político o administrativo ha de perderlos. Pero esto no es lo más difícil puesto que hay fórmulas administrativas de hacerlo.

La verdadera dificultad política para tomar una medida así radica en el espectro de la privatización. Y sin embargo mi propuesta no es necesariamente privatizadora. De hecho no tengo esperanza de que ningún grupo financieramente potente quisiera hacerse cargo de esa cartera de activos que conforma una Universidad en las condiciones y con las garantías que exigiría la transferencia. Pero si existiera no me resistiría, pues redundaría en beneficio de la solución del problema principal mejorando y enriqueciendo la competencia. Pero en las condiciones políticas esperables el quid está en saber armar administrativamente el tipo de organismo de que haga falta y en establecer muy claramente el sistema regulatorio y de supervisión adecuado.

La regulación prudencial y supervisión cuidadosa serían necesarias, tal como lo son para los Bancos, aunque sean públicos, pero esta no es una dificultad insuperable. Sin embargo no hay Comunidad Autónoma ni Universidad que estén dispuestas a esta extensión real, y no puramente retórica, de la Autonomía Universitaria a no ser que estén seguras de contar con la capacidad gerencial exigida. Con el tiempo esta puede lograrse mediante la conformación curricular de los estudios correspondientes; pero a corto plazo habría que acudir a otras medidas excepcionales que, aunque parezca mentira, no son tan difíciles de llevar a la práctica, por circunstancias casuales.

En efecto hay hoy disponible una enorme capacidad de gestión excedentaria proveniente de las prejubilaciones de la gran Banca española en los últimos años. Mediante un convenio entre las entidades, Hacienda y Educación esta fuerza gestora podría movilizarse rápidamente.

Todo esto puede parecer poco realista y propio de una mente en disolución. De esto segundo no puedo responder; pero la acusación de falta de realismo sería una pobre disculpa para no acometer las medidas que aquí he propuesto. No acabo con ellas, sin embargo, mi intento de aportar ideas para sacar a la Universidad Española de lo que creo es un letargo que amenaza con perpetuarse.

En una próxima entrega, y tal como he anunciado, volveré mi atención a la movilización de activos intangibles.